CULTURA MILITAR Y CULTURA DEMOCRÁTICA: ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA EN VENEZUELA

El Sistema Político Venezolano actual, fue construido sobre las bases de un acuerdo político logrado por los principales actores políticos de ese momento histórico (1958) que firmaron el Pacto de Puntofijo, donde se establecieron las reglas que habrían de controlar el juego democrático, definiendo así el objetivo fundamental del mismo: la consolidación del régimen democrático. Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD); el principal organismo económico nacional, Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), la Central Obrera, Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Fuerzas Armadas e Iglesia Católica se comprometieron a actuar solidariamente para preservar la naciente democracia, con lo cual se concretó un importante vínculo entre partidos, grupos económicos y Estado. Las Fuerzas Armadas sirvieron de garantía para la continuidad democrática y la Iglesia Católica representó el apoyo moral al naciente régimen.

Este conjunto de correlaciones de fuerzas políticas, económicas y sociales definieron el sistema hegemónico que predominaría en nuestro país. Los partidos políticos se convirtieron en los actores públicos de mayor peso y los grupos económicos tradicionales se mantuvieron en una excelente posición para la preservación de sus privilegios de clase.

Inicialmente, el pacto funcionó a través de un consenso activo. Sin embargo, a medida que los distintos actores sociales se fueron posicionando dentro del bloque establecido, quedó clara la vulnerabilidad de las clases subalternas ante los grupos dominantes, pues evidentemente habían sido desplazadas; prueba de la desactivación de las fuerzas subalternas es la exclusión del Partido Comunista de Venezolano (PCV) del acuerdo y el desplazamiento de la Junta Patriótica.

La relación entre Estado, partidos políticos y grupos económicos no sólo favorecía a los últimos, sino que lesionaba significativamente los intereses de las clases subalternas. Las demandas de la sociedad debían ser canalizadas a través de las estructuras partidistas, pues estas organizaciones políticas habían penetrado todas las instancias del Estado (aparato burocrático).

La hegemonía de la clase dominante sobre las clases subalternas que en un principio fue lograda a través del consenso, se mantuvo por la represión y la coerción del aparato burocrático degenerando en un consentimiento pasivo, -ubicándose éste en el momento en que URD se retira del Pacto de Puntofijo- que vendría a caracterizar nuestro bloque histórico.

Dentro del proceso de desarrollo del bloque histórico en el seno del sistema político, se fueron generando una serie de vicios y fallas que posteriormente conformarían el escenario para la aparición de la crisis hegemónica que se manifiesta hacia finales de la década de los 80 y principios de los 90, “… es en el funcionamiento del sistema político –en tanto en él se colocan los compromisos constitutivos- donde se halla la clave del funcionamiento y de la crisis del Estado… (Portantierro, 1981: 25).

La corrupción, ausencia de liderazgo, crisis de valores y pérdida de legitimidad de las instituciones representan las manifestaciones visibles de la crisis hegemónica, que no es otra cosa que el agotamiento de la estructura de las correlaciones de fuerzas políticas, económicas, sociales y militares.

La crisis hegemónica viene dada por la conjunción de las variables mencionadas que implican una crisis política, pues se refieren al desplazamiento de los actores que intervienen en el mantenimiento de un orden global; las relaciones internas entre todos los componentes del sistema político sufren un proceso de reubicación en el bloque histórico.

Una vez que las instituciones fundamentales del sistema político comienzan a ser cuestionadas, el sistema hegemónico se resiente, pues la acción hegemónica se fundamenta en la capacidad directiva que tiene la clase dominante para mantener el orden establecido en función de sus intereses.

El sistema político en la figura de sus instituciones permitió que se instituyera la cultura de la corrupción, pues el clientelismo político y el consumismo delinearon las pautas para satisfacer necesidades, por ello se hizo de la corrupción una forma de vida. La omnipotencia del poder, la indiferencia de los dirigentes políticos hacia las necesidades de las clases subalternas, establecieron la ausencia de líderes de la escena política. La sustitución de nuestros valores tradicionales por aquellos producto de un intenso proceso de alienación, explica la actitud pasiva de la sociedad ante la incapacidad del sistema de resolver sus problemas.

Finalmente, dada la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones fundamentales expresadas a través de su poca credibilidad y representatividad: legisladores, jueces, políticos, etc. fueron rechazados por las clases subalternas al ser vistos como responsables del deterioro moral del país, pues no han sido capaces de cumplir con el rol para el cual fueron elegidos.

Siendo el 27 de febrero la primera manifestación de la fisura del bloque histórico, comenzó a hacer crisis la hegemonía que había caracterizado al país por más de 30 años. La población fijó ante la clase dominante una posición de rechazo al sistema y por consiguiente, de repudio al pacto institucional: aquí se caracteriza la crisis hegemónica, cuando se desconoce el pacto constitutivo del sistema hegemónico.

La evolución de la crisis hegemónica siguió su curso, pues la clase dominante solo usó el recurso de la represión para tratar de mantener el relativo orden.

La clase dirigente y los grupos económicos fueron sordos ante el clamor popular de un cambio en las relaciones de poder. A pesar de la permanente amenaza de una nueva protesta social, el poder político ignoró la situación, hasta que otro actor social apareció en el escenario político, agudizando el problema.

El 4 de febrero de 1992 se produjo el primero de dos intentos de golpes de Estado que sucedieron ese año. Un sector de la oficialidad de las F.F.A.A. de baja y media graduación se rebeló por cuanto el poder político estaba atentando contra la institucionalidad, siendo incapaz de cumplir con la función de representar y defender los intereses de las clases subalternas.

Ese mismo año, el 27 de noviembre un grupo de oficiales de alta graduación conspiró argumentando básicamente las mismas razones del primer grupo, aunque con diferente inspiración ideológica. Con esta segunda intentona golpista quedó definido el resquebrajamiento del bloque histórico construido sobre las bases del Pacto de Puntofijo y se agudizó la crisis hegemónica. El sistema iniciado bajo el compromiso de obedecer una determinada línea de acción política, fue cuestionado por uno de sus miembros fundamentales.

Influencia del Pretorianismo en el Sistema Político Venezolano

La Institución Militar en Venezuela, sin duda alguna, ha sido un actor político fundamental, no sólo a los efectos de la consolidación del sistema político, sino también de su sostenimiento, independientemente de su capacidad para mantener el control político exclusivo.

Esta circunstancia nos remite necesariamente a buscar las razones de tal comportamiento en los principios del Pretorianismo, definido por Samuel Huntington (1972: 177) como “la intervención de los militares en política.”

En este sentido, Huntington señala que es necesario distinguir las causas, de las consecuencias de la intervención. Para este autor existe una estrecha relación, que a veces ni siquiera se distingue, entre la intervención política y el faccionalismo militar, lo que pone de relieve el hecho causal: las mismas son siempre políticas y no militares. El intervencionismo no refleja las características sociales u organizacionales, sino la estructura política e institucional de la sociedad, con lo que queda clara la elevada politización de las instituciones sociales.

En otra definición, Mayer citado por Irwin (2002: 324) destaca que una sociedad pretoriana es aquella en la cual los militares juegan de manera ampliamente desproporcionada un rol político, esto debido al bajo nivel de institucionalidad desarrollado.

Por su parte López (en: Bobbio, Matteucci y Pasquino: 970) señala que la explicación del Militarismo se fundamenta en el aspecto situacional, en el que la inestabilidad política y la insuficiencia hegemónica conducen a la participación de los militares en la vida política.

En este sentido, resulta imprescindible diferenciar el Militarismo del Pretorianismo. En su acepción más amplia, el Militarismo hace referencia a una situación política en la cual el sector militar de una sociedad dada por una suerte de metástasis invade ésta, llegando a dominar todos los aspectos fundamentales de la vida social.[1]

Mientras que para Mundell citado por Irwin (2001: 250) señala que se da el Pretorianismo cuando: ...el sector militar de una sociedad dada ejerce influencia política abusiva recurriendo a la fuerza o la amenaza de su uso. Es una abusiva conducta militar para con la sociedad en general y particularmente la gerencia política de una sociedad dada.

El Pretorianismo, como modelo de ejercicio político, puede presentarse según Huntington de tres formas: (1972: 180)

Pretorianismo Oligárquico: se caracteriza por la existencia de camarillas personales y de familia.
Sociedad Pretoriana Radical: Grupos institucionales y de Ocupaciones.
Pretorianismo de Masas: Clases y movimientos sociales que dominan la escena.

Por su parte, Perlmutter citado por Irwin (p. 252) elabora una tipología del Pretorianismo en la que este puede presentarse antes del nacimiento de la institución militar formal: Histórico o se trata de una modalidad más propia de sociedades con institución militar consolidada: Moderno. El Pretorianismo Moderno puede ser latente o potencial, es decir que puede ser estimulado, o ser actuante o manifiesto, es decir más activo, como en el caso de los intentos de golpe. El Pretorianismo Actuante puede ser Gobernante o Arbitro. El modelo Gobernante puede darse por la vía Actuante, a través de golpes militares o Potencial, mediante el tutelaje militar al que se somete la sociedad. Finalmente el Árbitro, ocurre en aquellas sociedades donde la institución militar es quien dirime los conflictos de los civiles.

El Pretorianismo encuentra terreno fértil en América Latina, debido a la inexistencia o debilidad de las instituciones políticas y sociales. La ruptura colonial dejó como herencia instituciones muy frágiles que no pudieron soportar por una parte la desarticulación y por la otra el vacío, lo que fue ocupado por la violencia y los regímenes militares.

La inestabilidad política hace su juego en la medida que las fuerzas sociales no logran construir un entramado institucional sólido, con lo que la insuficiencia hegemónica, vista como la incapacidad de sector social alguno para imponer su proyecto a la sociedad en forma perdurable a partir de modalidades consensuales de dominación (Bobbio y otros, p. 972), genera las condiciones suficientes para justificar la incursión militar en la escena política.

En América Latina, el militar es visto como la tabla de salvación, el gendarme necesario o el salvador de la patria. Es una concepción de tanto arraigo, que han sido numerosas las dictaduras militares que se han instaurado en el hemisferio, con el propósito de garantizar la paz social y la estabilidad política como justificación.

En el Pretorianismo, el Ejército intercambia autonomía funcional por influencia política, como ocurre con otros actores políticos: los estudiantes que conjuntamente con los intelectuales y los militares, conforman las fuerzas activas del modelo pretoriano.

Los militares, en el Sistema Pretoriano Radical, solamente actuarán cuando la polarización entre las fuerzas sociales sea extrema. Sin embargo si llegan a identificarse con el régimen existente o muestran lealtad, las fuerzas contrarias no pondrán en peligro al gobierno.

El vínculo del poder civil con la institución a través del Alto Mando Militar, que ejerce inevitablemente una influencia incuestionable sobre las decisiones civiles, define al sistema político venezolano, caracterizándose por una institución que dado el monopolio legítimo de la violencia física que ejerce, en ocasiones no esconde su aspiración a lograr el control político, que justifica en el poder y la dominación que despliega a través del uso de la coerción.

Es la ausencia de control civil, definido como la subordinación del sector militar a las autoridades civiles legalmente constituidas (Olivieri y Guardia, p. 8) lo que ha permitido que la Institución Militar mantenga una relación de dominación sobre el poder civil, dado el monopolio de la violencia física que ejerce.

Nuestra tradición, desde la propia independencia, ha sido la del militar en el poder o muy cerca de él. La Fuerza Armada ha sido un actor político relevante en el ámbito de las representaciones sociales, con una influencia desmedida en la política nacional (Olivieri y Guardia, p. 6).

La razón la podemos encontrar en la realidad de un modelo de tutelaje militar que inevitablemente nos está conduciendo hacia el desarrollo de formas pretorianas de ejercicio del poder (Olivieri y Guardia). Vemos como para el civil la paradoja del militar se resume en la potestad del uso de las armas, de lo cual tiene su monopolio, que es lo que finalmente le va a permitir ejercer ese control político.

El sostenimiento del modelo democrático ha descansado históricamente en el apoyo de la Fuerza Armada, a través del Alto Mando, quien no solo controla a la institución, sino que además, tiene la potestad no otorgada pero ejercida, para desconocer y reconocer el poder político civil de la nación, en lo que pareciera ser una clara evidencia del control político.

Sin embargo, en algunos episodios históricos hemos observado como la Fuerza Armada no logran en su totalidad el control político interno y externo: en los dos intentos golpistas del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992, los cuadros medios de la FAN en el primero y la alta oficialidad en el segundo, no logran una intervención definitiva del poder civil, por lo que se puede encontrar un cierto paralelismo con los sucesos de Abril de 2002, cuando el Alto Mando en una serie de decisiones contradictorias, definitivamente se desarticula como una estructura de poder -es decir, como actor político- lo que permite finalmente poner en duda su capacidad para mantener el control político exclusivo dentro del sistema político.


CONCLUSIONES

La cultura política en Venezuela resulta ser el encuentro de la herencia de quienes nos conquistaron conjuntamente con las particularidades que se fueron incorporando a partir del mestizaje social. En esta reflexión, hemos intentado describir las características de la democracia venezolana, para procurar dibujar lo que ha sido el fundamento de nuestra cultura política

A pesar de que nuestra Democracia fue consagrada constitucionalmente como representativa, este modelo no ha podido ser desarrollado por completo. Precisamente nuestra crisis de legitimidad es producto en gran medida de la escasa representatividad de nuestros dirigentes políticos; ello se debe fundamentalmente a la ausencia de credibilidad en su liderazgo.

La clase política venezolana descuidó su responsabilidad de orientar y guiar a sus electores y en lugar de ello se dedicó a fortalecer su posición hegemónica, defendiendo intereses particulares. La imagen del dirigente político se fue desvirtuando de tal manera que el venezolano no tuvo un líder en quien creer, a quien seguir.

Bajo estas condiciones, las relaciones de poder no permitían articular las demandas de sectores subalternos, para hacer efectiva su participación en la llamada Democracia Consensual, que el venezolano podía ejercer comicios electorales; la forma más usual era a través de la vinculación con uno de los partidos políticos del estatus (el clientelismo político). A medida que fueron perdiendo representatividad, el gobierno y las instituciones, aumentaron su ilegitimidad y en consecuencia contribuyeron a la desvalorización del régimen democrático.

Así se fue desarrollando un modelo hegemónico que terminó destruyendo la esperanza en una verdadera Democracia, pues el venezolano común, el sistema político venezolano no representaba sus intereses, no había posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones que le afectaban, no había líderes: un régimen que no refleja los valores del colectivo no tiene credibilidad.

Son muchos los factores que indican una crisis de hegemonía, pero en el objeto de esta reflexión, la pérdida de legitimidad es la manifestación más importante, por cuanto es el que mayor efecto genera en la institucionalidad democrática venezolana.

De la crisis militar podemos obtener referentes valiosos para poder comprender el agotamiento del modelo hegemónico venezolano. El 4F reveló el resquebrajamiento de la unidad interna de la Fuerza Armada, el 27N reflejó el descontento de algunos sectores militares con la corrupción moral que se apoderó de la cúpula militar.

Además, hay un hecho clave para fortalecer la idea del peso que tiene en la crisis hegemónica la pérdida de legitimidad: los valores y principios que salieron a defender y rescatar a los insurrectos, no son los mismos que le escuchamos a nuestros dirigentes políticos. Ahora bien, en las clases populares, a pesar de que no hubo un apoyo masivo a los alzamientos, la similitud de ideas y necesidades, es innegable. Las banderas de los movimientos insurreccionales fueron las mismas de los sectores subalternos: el rescate del país a través de una reconstrucción moral.

Esa articulación, probablemente lo que refleja es que la Fuerza Armada es un garante de la institucionalidad, pero también se puede comportar como actor político, por cuanto no está impedido de reconocer las debilidades institucionales y que por una tradición histórica de carácter hemisférico, ha tenido que actuar decididamente para preservar el equilibrio político en numerosas oportunidades.

En síntesis, nuestra cultura política está profundamente articulada con la cultura democrática, pero en ella también se encuentra un espacio significativo para los valores de la cultura militar de la cual no podemos distanciarnos porque ha formado parte de nuestro imaginario colectivo desde nuestros inicios como república. Quizás lo cabe esperar es que la cultura democrática logre imponerse por encima de tentaciones que pretendan ignorar lo que en esencia ha caracterizado a la cultura política venezolana: su fe inquebrantable en la libertad.

BIBLIOGRAFÍA

Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino, G. (2002) Diccionario de Política. 13ª ed. México: Siglo XXI Editores S. A. de C. V.

Huntington, S. (1972) El orden político en las sociedades en cambio Buenos Aires: Paidós

Irwin G., D. (2002) Comentarios sobre las Relaciones Civiles y Militares en Venezuela, Siglos XIX al XXI. Edición: No Publicada. Caracas.

Olivieri, G. e I. Guardia (2003) El fogonazo venezolano: la crisis de abril de 2002. Una explicación de la violencia política en Venezuela. [Tesis en línea] Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Consultada el 13 de marzo de 2005 en: http://www.ndu.edu/chds/redes2003/Academic-Papers/6-Military- Sociology/3-Military-Civilian-Relations-LATM/4%20 Guardia-final.doc

Portantierro, J. (1981) Sociedad Civil, Estado Sistema Político. México: FLACSO.


[1] Irwin, D., p. 249

PROGRAMA ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Código: (AC-5503)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Unidad I

Estado, nación y gobierno.
Fundamentos históricos.
Liberalismo y Neoliberalismo.
Evolución de fines y formas.
Funciones del Estado.
Contenido ideológico del Estado: Modelo Capitalista.
El Estado Venezolano y su evolución histórica.


Unidad II

Aparato Burocrático: naturaleza y dimensiones.
Evolución de la administración pública en Venezuela y América Latina.La administración pública y su papel en la formulación de las políticas públicas.

Unidad III

Principios del enfoque sistémico.
Sistema Social.
Sistema Político.
Sistema Administrativo.

Unidad IV

Planificación y toma de decisiones en el sector público.
Organización Político –Administrativa del Estado.
Estructura organizativa de la Administración Pública: Central y Descentralizada.
Características de la Gerencia Pública en Venezuela.Control público y ética del funcionario público.

Unidad V

Fundamentos de la Reforma del Estado.
Antecedentes de la reforma del Estado.
Experiencias de la Reforma del Estado en Venezuela.Nuevos paradigmas de la Reforma del Estado en el mundo.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA


· Albi, Emilio y otros (2000) Gestión Pública: Fundamentos, estructuras y casos. Editorial Ariel S.A.: Barcelona.
· Arellano, David (2004) Gestión estratégica para el sector público. Fondo de Cultura Económica: México
· Bresser-Pereira, Luís C. y otros (2004) Política y Gestión Pública. Fondo de Cultura Económica - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo: Argentina
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· Brewer-Carías, Allan (2000) La Constitución de 1999 (comentada). Editorial Arte: Caracas.
· Castellano, Hercilio (1997) Planificación: herramientas para enfrentar la complejidad, la incertidumbre y el conflicto. Vadell Hermanos Editores: Caracas
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· Combellas, Ricardo (2001) Derecho Constitucional: Una introducción al estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mc Graw Hill: Venezuela.
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· Guerrero O., Omar (1985) Introducción a la Administración Pública. Editorial Harla: México.
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· Zambrano, Adalberto (2001) Gerencia estratégica y gobierno. Ediciones IESA: Caracas

IDEAS SOBRE EL PROCESO DEMOCRÁTICO EN EL MUNICIPIO*

El proceso de socialización es lo que prepara al individuo para la vida en sociedad, implicando el aprendizaje de pautas, normas y reglas que le van a permitir la convivencia con sus semejantes. De igual forma, la democracia es el modelo de conducción política que traduce una forma de vida, un sistema de organización social del poder.

Entonces si la vida en sociedad exige de una preparación adecuada, la democracia requiere de una escuela, de un escenario en el que se prepare a los ciudadanos para la convivencia y como bien decía Tocqueville, el gobierno local es el mejor.

La vida en democracia requiere de una serie de predisposiciones en las que resulta clave la capacidad de la sociedad para intervenir en sus procesos. La democracia moderna se sustenta en una cultura participativa que exige responsabilidad y compromiso.

El ambiente natural para el aprendizaje de la democracia como modelo de vida no puede ser otro que la ciudad, el municipio como unidad político-territorial fundamental del Estado, constituye el primer escenario para el ejercicio de deberes y derechos políticos.

Resulta indispensable comprender que es en el seno del gobierno local donde deben consolidarse los principios democráticos de la cultura política de cualquier sociedad, si queremos que se convierta en un modelo de vida. La democracia en el municipio se ejerce sobre la base de la conducción de los asuntos de la comunidad orientados por principios de organización, criterios de acción, vocación de servicio, determinación en la solución de conflictos y solidaridad.

La democracia no puede ser un proceso vertical, no puede descansar en la responsabilidad exclusiva de unas élites aisladas de la realidad que a diario enfrenta la sociedad. La democracia debe ser un modelo horizontal de acción que se sustente en la intervención organizada de la sociedad, inspirada en el compromiso y la responsabilidad.

Es indiscutible el valor que tiene para la democracia la capacidad organizativa de la sociedad, identificando y jerarquizando sus necesidades, estableciendo las acciones a emprender, interactuando con los centros oficiales de decisión política al defender las conquistas o exigir la satisfacción de las demandas.

Las comunidades que establecen claramente los objetivos que alientan su organización formal tienen un gran trecho adelantado, pues definen el futuro que aspiran no solo para sí mismas sino también para las generaciones futuras, siendo ése espíritu de trascendencia lo que estimula acciones que no se conforman con lo transitorio o inmediato, construyendo bases sólidas para que la sociedad pueda formarse en una cultura política democrática.

Es imprescindible en cualquier sociedad política la consolidación de una cultura de participación para alcanzar la satisfacción plena de necesidades y aspiraciones comunes. El ejercicio de la ciudadanía exige asumir posiciones ante los asuntos que interesan a todos los miembros de la colectividad reconociendo, además, que la participación debe obedecer a ciertos lineamientos normativos.

Las acciones a emprender por los ciudadanos deben ubicarse en un contexto no sólo de principios técnicos sino también de consenso político. La posibilidad de resolver los problemas sustentándose en acuerdos y negociaciones es una muestra fehaciente del ejercicio de la democracia en la sociedad.

Ahora bien, la sociedad no siempre está preparada para estas exigencias, prueba de ello son los alarmantes indicadores de abstención que demuestran la escasa participación electoral de los ciudadanos, acentuándose este comportamiento en períodos de crisis, lo que obviamente indica la necesidad de estimular e incentivar el rol de un ciudadano más motivado a participar en la resolución de sus problemas.

La justificación quizás sea que los ciudadanos por una parte no conocen realmente sus derechos a participar en determinados procesos decisorios ( a través de las propias Juntas Parroquiales, por ejemplo) y por otra parte hay desconfianza, falta de credibilidad en instituciones que muchas veces han sido débiles para defender a las comunidades o que cuando actúan son otros los intereses que las animan (por lo general de carácter político).

Ello por supuesto tiene una estrecha relación con la ausencia de intervención de las comunidades en la resolución de conflictos. Los canales idóneos como los Juzgados de Paz, concebidos como instancias mediadoras todavía no han consolidado su identidad en el seno de la sociedad, en gran parte porque las estructuras oficiales no han creado las condiciones favorables para ello. En una democracia madura los ciudadanos deben procurar afectar e influir no sólo en las políticas a desarrollarse, sino también en aquello que atente contra la gobernabilidad de la ciudad.

En una democracia no se imponen medidas ni se ejecutan acciones desde instancias superiores de forma arbitraria, la participación precisamente significa que dentro del marco del sistema político, existen canales regulares por medio de los cuales la sociedad manifiesta sus exigencias o apoyos, según sea el caso. La democracia exige el pronunciamiento de los gobernados, pues recordando a Rousseau, de lo que se trata es de la cesión de unos derechos inherentes a la condición humana que a través de un pacto de convivencia, son depositados en unas instituciones con el propósito de alcanzar condiciones estables de gobernabilidad.

En esas condiciones deben quedar suficientemente representados los derechos de los ciudadanos a exigir el cumplimiento por parte de las instituciones de sus responsabilidades para con los ciudadanos, de igual forma los ciudadanos tienen el deber de intervenir mediante canales formales en los asuntos que le interesan. La democracia no puede descansar exclusivamente en las instituciones, debe ser producto de un esfuerzo común por lograr condiciones de vida a las que todo ciudadano tiene derecho.

Ante esta realidad tenemos por un lado el descrédito institucional y por el otro la apatía de la sociedad. Hace más de diez años la denominada sociedad civil organizada a través de grupo vecinales logró una enorme proyección no sólo ante la opinión pública sino que, también logró afectar niveles decisorios del sistema político.

Sin embargo, por la misma dinámica política, esta iniciativa vio truncada sus aspiraciones, que en algunos casos se debió a la influencia misma de los partidos políticos. Si buscamos una explicación a la indiferencia de la sociedad no ante los asuntos políticos, sino más bien frente a los problemas que afectan su calidad de vida tendríamos que reflexionar sobre el impacto que los partidos políticos han ejercido sobre ella al mediatizarla.

La capacidad de organización debe indudablemente manifestarse de forma voluntaria en la sociedad, pero si ello no encuentra eco en las instancias formales de poder, resulta difícil creer que las comunidades persistirán a sabiendas de no encontrar respuestas a sus demandas. En el caso de los apoyos al sistema, en algunos casos el panorama cambia cuando las comunidades aceptan que aliándose a determinados grupos de poder podrán acceder a soluciones concretas.

El problema de la mediatización de los partidos políticos sobre los canales de participación es que la sociedad no ha madurado una cultura política orientada buscar las soluciones de sus propios problemas.

Se ha dado el caso que en ciertas circunstancias, ante una carencia, una necesidad o una limitación, algunos sectores sociales, en lugar de buscar sus propias soluciones a los problemas que los aquejan, exigen a las agencias oficiales que respondan. Ello muestra la poca capacidad de reacción que tienen ante situaciones adversas, la escasez de interlocutores válidos, la irresponsabilidad del Estado en crear espacios de participación y el exiguo esfuerzo por la consolidación de una cultura política madura.

Lo crucial es que en la gestión municipal una relación distante con la comunidad no puede traducirse en una experiencia democrática. El procesamiento de las demandas requiere de un permanente intercambio de las comunidades bien sea con el ejecutivo o con el legislativo locales. La satisfacción de necesidades de las comunidades no puede estar sujeta a negociaciones de intereses particulares en lugar de colectivos. Las soluciones en alguna medida deben ser producto del esfuerzo de la sociedad misma, pero si el sistema ha procurado que no se desarrolle una cultura de participación, es poco probable que pueda crearse sin contar con los mecanismos y condiciones mínimas.

Cuando el Estado a través de sus instituciones políticas toma decisiones y asigna recursos está generando políticas públicas, que afectan la vida de las comunidades, en el caso del municipio. ¿Cómo puede el sistema político impulsar medidas, estrategias y acciones que no encuentren resonancia en la propia sociedad?

Un reflejo de ello es el grado de conflictividad que se radicaliza en situaciones como aumento de tarifas de servicios públicos (caso del transporte público), prestación deficiente de servicios (agua, aseo urbano) y problemas graves como inseguridad personal, déficit habitacional, etc. El balance casi siempre es desfavorable a la gestión del municipio, salvo contadas experiencias, pues el criterio de eficiencia lo manejamos en sentido unidireccional.

La ciudadanía no puede salvar su responsabilidad al calificar la gestión municipal como ineficiente, olvidándose que su responsabilidad no se circunscribe exclusivamente a la manifestación de exigencias o elaboración de críticas. Todos los que convivimos en la ciudad, tenemos un nivel de compromiso tal, que la gestión exitosa del municipio no dependerá únicamente de la escogencia de nuestros alcaldes y concejales, también será ineludible asumir tareas en la identificación de problemas y la definición de políticas.

En cualquier sistema político, los actores que intervienen tienen un rol que desempeñar, las comunidades no pueden deslindarse del gobierno local, pero las instancias gubernamentales no deben seguir ignorando la necesidad de formar a los ciudadanos en una cultura política del compromiso, pues a ello se debe que tengan que llevar tan pesada carga.

Es por ello el incuestionable valor que tienen para una sociedad políticamente madura, formada en el ideal demócrata, el principio de la solidaridad. Si nos detenemos a pensar qué es lo que hace fuerte a las sociedades, no es otra cosa que la solidaridad, por supuesto acompañada de otros valores igualmente importantes. Si no existiese esa fuerza de cohesión, aún tratándose de solidaridad orgánica, en la que la conciencia colectiva orienta a los individuos en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses individuales haciéndolos compatibles con los colectivos, la situación pudiera parecerse más a la anarquía.

Cuando un Estado no atiende las demandas de la sociedad, en los términos clásicos de eficacia y eficiencia, no queda sino actuar haciendo un frente común. Las comunidades organizadas han demostrado en tiempos recientes, que su capacidad de organización puede ser muy eficaz cuando se tienen claros los objetivos. Pero siguen siendo casos aislados, espasmódicos y reactivos. No debemos esperar que surjan los problemas para actuar en el escenario político. La sociedad civil, las comunidades, los actores sociales deben estar permanentemente monitoreando lo que sucede en su entorno y no esperar a que sean las agencias oficiales quienes tomen las decisiones que afectan la vida de la ciudad.

Como recomendación para el desarrollo democrático del gobierno municipal lo fundamental es comprender que la democracia es una forma de vida, es una actitud, un comportamiento que debe caracterizar a todos los ciudadanos de un país para que sea exitosa.

Y cuando hacemos referencia a todos los ciudadanos, estamos hablando de gobernantes y gobernados, lo que quiere decir que el rol de conducción de los asuntos de la ciudad, en el caso del poder local, no puede descansar solamente en la dirigencia política, pues se trata de una responsabilidad compartida. Por otra parte, la ciudadanía se ha acostumbrado a que son las instituciones quienes desarrollan un rol más activo, ausentándose de las discusiones que verdaderamente le interesan.

La cultura política democrática se manifiesta en el intercambio permanente entre los centros de decisión y los dirigidos. La justificación de nuestro modelo de relaciones se encuentra en que las instituciones políticas han preferido no estimular el desarrollo de un comportamiento participativo en la búsqueda de soluciones de las comunidades, para evitar la cesión de espacios de poder.

No es demasiado simplista pensar que un cambio de actitud pueda hacer de nuestras ciudades esferas para una verdadera convivencia; el desprendimiento de cuotas de poder, aceptando compartir espacios de decisión, pudiera marcar la diferencia de una ciudad ingobernable, sumida constantemente en el conflicto, porque si hay algo que obstaculiza la gestión efectiva de un gobierno, no es el respaldo político que preocupa a muchos gobernantes, es la aceptación de la gente de una gestión comprometida y la confianza, que se puede lograr mediante su participación en la formulación de políticas.


BIBLIOGRAFÍA

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· VALLMITJANA, Marta (2000) Gobierno local: Una escuela para la democracia en Revista SIC Año LXIII Nº 624 Centro Gumilla. Caracas

* Publicado en: Revista Cuestiones Locales N° 2 Año 2002

Una mirada a la ciencia política actual*

RESUMEN

La democracia y su crisis contemporánea, sigue generando intensos debates en las ciencias sociales y más concretamente, en el seno de la Ciencia Política, lo que pudiera interpretarse como un reflejo de su cuestionamiento como disciplina científica.

El presente ensayo, intenta abordar el problema de la búsqueda de respuestas en la Ciencia Política, en los albores de una nueva realidad epistemológica en la que se intenta romper con un modelo de pensamiento agotado.

PALABRAS CLAVE: Ciencia Política, Democracia, crisis epistemológica, crisis paradigmática


En un intento por estudiar los problemas epistemológicos de las Ciencias Sociales, nos encontramos intentando dar con una explicación que nos permita describir hacia dónde se dirige la Ciencia Política en la actualidad.

En tiempos recientes, se ha discutido con mayor intensidad el agotamiento que vive la Ciencia Política, lo que para voces calificadas como la de Giovanni Sartori, es el reflejo de una profunda crisis.

Partiendo de la idea que la Ciencia Política es una disciplina relativamente nueva, si la comparamos con otras mucho más consolidadas, podríamos argumentar su inmadurez para justificar la crisis que vive, sin embargo esa sería a todas luces una explicación simplista, pero que no necesariamente deberíamos descartar.

Por otra parte, la Ciencia Política comprende un vasto campo donde confluyen numerosas disciplinas pertenecientes a las Ciencias Sociales, por lo que su crisis debemos verla sin aislarla del contexto en el cual se inserta, como la ciencia encrucijada que es.

En este sentido, no podemos perder de vista la naturaleza de la relación de la Ciencia Política con la Filosofía, la Sociología, la Antropología, la Historia y la Sicología, pues ellas alimentan a la Ciencia Política a través de sus disciplinas auxiliares como lo son la Filosofía Política, la Sociología Política, la Antropología Política y la Sicología Política.

Esa confluencia de conocimientos, en la que se mezclan objetos de estudio y métodos, necesariamente ejerce una enorme influencia en la conformación de la Ciencia Política y de sus definiciones necesarias.

La Ciencia Política, al separarse de la Filosofía, procuró hacer del estudio del poder, la autoridad y las instituciones políticas, su objeto de estudio, utilizando para ello los métodos que aportan las Ciencias Sociales.

La necesidad de consolidarse como una auténtica disciplina científica, la llevó a distanciarse de la influencia del idealismo filosófico para acercarse a una postura más pragmática, fundamentada en la búsqueda de una explicación a los fenómenos políticos a través de modelos cuantitativos.

En ese tránsito de la Ciencia Política, de una ciencia rica en principios filosóficos, a una disciplina caracterizada por esquemas rígidos de interpretación de los procesos sociopolíticos, se fueron quedando las expectativas de un conocimiento que pudiera no sólo explicar los fenómenos, sino anticiparlos y resolverlos.

Entonces, para terminar de hacer más crítico el panorama, pasamos a una etapa en la historia del pensamiento en la que comenzamos a tropezarnos con ideas tales como: el fin de las certidumbres; la pertinencia de las dimensiones general y particular simultáneamente; la diversidad de macroestructuras y realidades sociales; la transdisciplinariedad… y nos preguntamos, la Ciencia Política ¿cómo queda en ese contexto?

Resulta difícil, pues representa un cambio de paradigma que trasciende el simple hecho de adoptar una nueva corriente interpretativa, se trata de transformar la forma de aproximarse al objeto de estudio y de aplicar el método. Es comenzar a ver el fenómeno político con otros lentes y eso resulta de una enorme complejidad cuando ni siquiera se ha dominado la formulación del conocimiento político, con las herramientas tradicionales.

Sin ánimo de justificar, debemos ver la crisis de la Ciencia Política insertada dentro de una crisis de mayor dimensión, la de la Modernidad, por lo que debemos verla como parte de la caducidad de un modelo de vida que se agota por las nuevas valoraciones de una sociedad en la que sus premisas fundamentales ahora giran en torno al conocimiento, la información y la cultura posmoderna.

El paradigma clásico condujo a la Ciencia Política a observar y clasificar los fenómenos políticos de manera fragmentada y parcializada, en el que de manera consistente se planteaba la ocurrencia de los fenómenos políticos en términos de antagonismos y luchas.

Además, las interpretaciones invariablemente oscilaban, a manera de péndulo, entre las salidas conservadoras o revolucionarias, según quiénes fueran las fuerzas políticas dominantes en el momento.

Esa condición cíclica y repetitiva de la historia política ha estado presente en buena parte de las sociedades modernas, sin embargo, como quiera que se trata del fin de una época, las reacciones que tradicionalmente caracterizaron dicho ciclo se han visto sustituidas por otros comportamientos, es decir, que el péndulo ya no oscila en los mismos tiempos.

¿Qué pasó con la irreverente afirmación que señalaba que el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, es la universalización de la Democracia Liberal occidental como la forma última de gobierno humano?

No deja de ser paradójico que un significativo número de países latinoamericanos y europeos tienen gobiernos abiertamente identificados con el modelo socialista, que sin embargo, no renuncian a su naturaleza democrática.

Lo que esto significa es que las realidades políticas ya no obedecen a rígidos patrones formulados bien sea a partir de concepciones estrictamente filosóficas, ni se trata de la lectura rígida desde valoraciones cuantitativas.

En la Ciencia Política, el debate de los últimos tiempos ha girado alrededor de la Democracia, como muestra del agotamiento del que hemos venido haciendo referencia.

Como teoría política, la democracia ha generado intensas y numerosas discusiones acerca de la naturaleza de su modelo. A lo largo de la historia de la humanidad, encontramos a destacados autores que han dedicado sus esfuerzos a profundizar sobre la democracia como modelo político.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la democracia ha sufrido cambios y transformaciones tanto en su interpretación como en su ejercicio, estimulando amplias discusiones en torno al tipo de democracia más idóneo.

La Democracia no fue siempre el gobierno ideal que deriva de su traducción del griego “gobierno del pueblo”. En la antigüedad, tanto Platón como Aristóteles eran contrarios a esta forma de gobierno, por considerarla (Aristóteles) una forma impura de la República.

Con la consolidación del Liberalismo Político, la Democracia enfrentó marcadas diferencias, en virtud de los contrastes entre la filosofía individualista y la voluntad mayoritaria. A pesar de ello, la Democracia Liberal habría de convertirse en una aspiración formal de las sociedades desarrolladas, en una suerte de imbricación de ambas perspectivas filosóficas.

Sin embargo, ¿no parece una discusión estéril dilucidar si es liberal o conservadora; representativa o participativa cuando ni siquiera tenemos claro qué es Democracia?

Definir la Democracia, no solamente ha sido difícil, sino que aún no podemos hablar de una versión que satisfaga a todos, pues además de los matices que esta presenta, los calificativos que se le adjudican, según la variable económica a la que se le asocia, genera aún mayor dispersión para lograr un consenso.

Lo de gobierno del pueblo luce demasiado simplista, pues ya para comienzos del siglo XIX la Democracia trascendía el esquema de las formas de gobierno para plantear una forma de vida: porque de eso se trata la Democracia, de una forma de vida, aunque algunos se hayan empeñado en demostrar lo contrario, reduciéndolo a un mero debate de partidos.

La Democracia es el modelo político que caracteriza a las sociedades capitalistas modernas y sin embargo encontramos que algunos regímenes democráticos atraviesan momentos de serios desequilibrios, lo que para la Ciencia Política ha sido difícil de explicar.

Al igual que resulta contradictorio cómo algunas sociedades, en el más profundo atraso, han sido incapaces de crear condiciones para que la Democracia sea su régimen de vida.

Las crisis contemporáneas de la democracia han conducido a justificar la adopción de posiciones radicales bajo el argumento de la pureza del modelo. En este sentido, se ha generado en algunos espacios de discusión de la Ciencia Política, un debate en relación a los modelos que mejor expresan la esencia democrática.

Como modelo político, la Democracia, ha estado sometida a profundos cuestionamientos, exacerbados en tiempos recientes debido a los problemas de gobernabilidad que experimentan algunos países, especialmente en América Latina, donde se ha cuestionado a la democracia representativa, surgiendo la participativa como alternativa.

Ante este panorama, ¿qué ha aportado la Ciencia Política a este debate? En el caso de América Latina, si observamos la discusión, las corrientes de interpretación siguen manejando el esquema del desarrollismo versus la ruptura.

En este orden de ideas, el debate refleja la realidad de unos países que oscilan entre períodos donde prevalecen las recetas de los organismos multilaterales para que luego, se manifiesten las opciones de ruptura con dicho modelo. Lo que no se ha podido explicar es por qué se dan cambios que no necesariamente representan una transformación o ruptura sino la vuelta a esquemas que habían sido superados.

Y es entonces, cuando tenemos que reconocer que, la Ciencia Política ha sido eficiente en describir la realidad, explicarla a la luz de variadas interpretaciones teóricas, pero… no hemos llegado a convencernos que con la sola descripción y explicación es suficiente para resolver la cuestión política ni para definir la democracia que necesitamos, no es de semántica precisamente el problema, es de perspectiva.

Debemos mirar el problema de lo político con menos restricciones teóricas, menos limitaciones técnicas y con una mayor amplitud interpretativa, que pueda trascender este modelo paradigmático que está agotado y que no ofrece grandes retos al hombre.

Lo crucial en todo caso, está en dejar de ver la democracia como un mero instrumento, en el que se encuentre ausente un compromiso valorativo determinado, pues si no la entendemos como una forma de vida, más que como modelo político, no será suficiente su imposición, y siempre habrá algún resquicio por donde se colarán no solamente las tendencias elitescas, sino mucho más grave aún, las vocaciones autoritarias para mantener el sistema de privilegios. (Guevara, 1997: 52)

La democracia es sin duda para la Ciencia Política, uno de sus más importantes objetos de estudio. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los grandes pensadores de la humanidad, filósofos e historiadores, han intentado explicar lo que debemos entender por democracia y cual es el modelo ideal, por lo que no se trata de una discusión cerrada, en virtud de las controversias que genera la búsqueda de ese ideal, manteniendo el debate vivo y por ende, a la Ciencia Política.


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*Publicado en Una Agenda en transición: Reflexiones desde las Ciencias Sociales. (2008)

LOS ACUERDOS COMO CARCTERÍSTICA DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO: EL PACTO DE PUNTOFIJO*

En un intento por comprender la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista, se hace imprescindible interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, sólo se lograría con la unión de los actores fundamentales y sus intereses. Las experiencias pasadas de sectarismo y exclusión servirían de lección a la dirigencia política venezolana, en la intención de lograr la consolidación de un gobierno democrático, siendo el Pacto de Puntofijo, el instrumento que permitiría ese propósito.

PALABRAS CLAVES: Democracia, Sistema Político, Pacto, Partidos Políticos

Introducción

La historia es muchas veces la mejor referencia para comprender los sucesos del presente, y de manera significativa cuando se consideran agotados los procesos políticos y se confrontan con nuevas perspectivas.

El plantearse una nueva concepción del Estado y su proceso político, requiere necesariamente la reconsideración de lo que condujo al modelo en crisis, en este sentido, resulta evidentemente útil la reflexión sobre las bases constitutivas del sistema político que permitió en el caso venezolano, la consolidación de la democracia como forma de vida.

En esta reflexión, se propone repasar las condiciones en las que se produjo la suscripción del Pacto de Puntofijo, como una variable fundamental del modelo político venezolano, que habría de influenciar su desarrollo futuro.

Antecedentes del Sistema Político Venezolano

La lección que la historia dio a los líderes políticos del post-gomecismo, materializada en la cruenta dictadura de Pérez Jiménez, planteó con claridad el terreno en el que habría de construirse el tan anhelado proyecto político democrático en Venezuela.

La necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinó que nuestro proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar.

Luego de la caída de Gómez, se inicia una etapa de transición cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema de gobierno democrático. Al General Eleazar López Contreras le tocó quizás la más delicada responsabilidad, pues siendo figura del antiguo régimen, su misión fue la de sentar las bases que permitirían el posterior ejercicio democrático, teniendo que enfrentar la lógica inestabilidad manifiesta en un país atrasado, víctima de casi tres décadas de tiranía. López Contreras tuvo que enfrentar tanto a las fuerzas gomecistas ansiosas por recuperar el poder, como a los grupos opositores representantes de nuevos movimientos políticos. Fue una etapa donde las distintas tendencias ideológicas buscaron acomodo en el naciente sistema político.

El ascenso en 1941 a la Presidencia de la República del General Isaías Medina Angarita, en plena II Guerra Mundial, influenció el desarrollo de ciertas políticas en materia económica, dado el carácter estratégico del petróleo en el conflicto mundial. Durante este gobierno, no se vivió la tensión política del período de López Contreras, tanto que se produjo la legalización de los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV). Fue precisamente a partir de este momento que AD inició su proceso de penetración en las estructuras del Estado, en palabras de su máximo líder de la resistencia, Rómulo Betancourt: “La dirección de AD se trazó la consigna de: ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de partido”. Se trataba de una tarea difícil y ambiciosa, “…pues implicaba vertebrar una red organizativa a lo largo y ancho de un país...” (citado en Puerta:163)

Entonces, es Medina Angarita quien permite la organización de agrupaciones políticas y obreras, produciéndose un clima de amplitud y apertura para la consolidación del régimen democrático. Sin embargo esa situación fue propicia para que se gestara el germen de su propia destrucción –la libertad de movilización de fuerzas- lo que le permitió a Acción Democrática principalmente la creación de un espacio político. En medio de la coyuntura electoral de 1945, la posición de AD fue decisiva para generar un ambiente de inestabilidad, desembocando en el golpe del 18 de octubre de ese año, encabezado por jóvenes militares con el apoyo de Acción Democrática, en un claro desafío a la candidatura del Dr. Angel Biaggini, propuesta por Medina Angarita.

En todo momento Acción Democrática mantuvo su justificación alrededor de la necesidad de buscar formas verdaderamente democráticas, que a su juicio no ofrecía un gobierno continuista de Medina Angarita. Lo que no deja de ser una ironía, pues se trató de una alianza con sectores de las Fuerzas Armadas no muy proclives a la democracia precisamente, pero que sin duda desde entonces, encarnan en nuestro inconsciente colectivo una suerte de salvador de la patria.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA), luego de la muerte de Gómez, experimentan un proceso de modernización basado en la profesionalización de sus componentes, a diferencia de la mayoría de la oficialidad de alto rango que no tenía formación técnica. Esta circunstancia determinó que dentro del componente armado se desarrollaran dos corrientes bien definidas: el sector tradicional gomecista y el sector de jóvenes militares profesionales de carrera. El enfrentamiento fue inevitable en virtud de la posición de la alta oficialidad de defender sus privilegios y por su parte los jóvenes militares anhelaban mejores oportunidades y mayor atención, resultando dicha situación en la conformación de un movimiento: la Unión Militar Patriótica (UMP). El descontento y la necesidad de cambiar el estado crítico (económico y laboral) de la oficialidad intermedia, fueron factores decisivos para lograr un acercamiento -basado en los intereses comunes- de la UMP con AD. Para ambos sectores fue conveniente la alianza, pues los militares se verían libres de ser catalogados como enemigos de la democracia y AD tendría su camino despejado hacia el poder.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por Rómulo Betancourt, en la Presidencia, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luís Beltrán Prieto, en representación de AD; Edmundo Fernández, independiente; Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas, miembros de las Fuerzas Armadas, se propuso evitar que las fuerzas gomecistas y sus continuadores -López y Medina- conservaran el poder pues para ellos representaban la antítesis del modelo democrático que se aspiraba consolidar, según AD, pero para la oficialidad vinculada a la UMP era la lucha por el control interno del mando institucional militar, asuntos relacionados con la jerarquía propiamente.

Las condiciones en las cuales se desarrolló la acción gubernamental de la Junta Revolucionaria, y las decisiones tomadas para contribuir a la modernización del Estado, son particularmente útiles al momento de interpretar la correlación de fuerzas que caracterizaron a nuestro país en ese período, pues además de ser una referencia histórica, nos permite identificar la naturaleza del modelo político venezolano que se consolidaría.

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue muy activa en el sentido de la de reestructuración del aparato burocrático y productivo, pues fue bastante acelerada la elaboración de decretos en materia política y económica, además de otros ámbitos de interés nacional donde el gobierno tuvo participación directa: educación, gremios, entre otros. El mayor peso dentro de la Junta lo tuvo AD, pues “... los militares se ocuparon sólo de aquellos asuntos relativos a la defensa, seguridad interna y objetivos políticos globales, <<... los oficiales no se inmiscuyeron en la elaboración de las políticas económicas y sociales o en las decisiones políticas rutinarias...>> (Stambouli, en Puerta: 37)

Sin embargo, esa circunstancia habría de convertirse con el tiempo, en perjuicio para el propio partido Acción Democrática: mientras este se dedicaba a penetrar todos los niveles del aparato burocrático, en un comportamiento claramente sectario al estar ausentes otras organizaciones políticas, las FF.AA. se fueron movilizando en torno a la conformación de un proyecto nacional.

Un rasgo verdaderamente explicativo de la naturaleza de la democracia venezolana fue la conformación de una élite de poder. Desde los inicios de este período (1945), se produce un acercamiento entre la Junta Revolucionaria y representantes de la burguesía económica, materializándose la alianza con la creación del Consejo Nacional de Economía (1946), que no es otra cosa que la incorporación del poder económico al proyecto político en marcha.

En diciembre de 1947 se desarrollan los primeros comicios electorales donde se elegiría de manera directa y secreta al Presidente de la República y los representantes en los cuerpos deliberantes, estando el sufragio permitido a todo venezolano mayor de 18 años, sin distinción de sexo, religión o grado de instrucción, lo que representó un gran avance para el desarrollo democrático del Estado. En este proceso resultó electo el novelista Rómulo Gallegos.

Los resultados electorales sólo produjeron cambios nominales, la Junta Revolucionaria de Gobierno dio paso al ejercicio de la Presidencia de la República y Rómulo Betancourt traspasó el mando a Rómulo Gallegos, pero en la práctica el ejercicio del poder siguió en los mismos términos, agudizándose la situación por las tensiones políticas entre el partido de gobierno y los otros partidos políticos (COPEI, URD y el PCV), así como la abierta confrontación con los militares que rechazaban la interferencia del gobierno, demandando la salida de Betancourt del país, la desactivación de las milicias armadas de AD y la reestructuración del gabinete ministerial.

La actitud férrea de Gallegos de no ceder ante la presión del grupo de militares descontentos, encabezados por Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa y Pérez Jiménez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, fue decisiva para que las FF.AA. derrocaran al gobierno el 24 de noviembre de 1948.

A partir de ese momento se inicia uno de los períodos más violentos y dolorosos de la historia moderna venezolana: los errores políticos de los dirigentes permitieron que un grupo de militares organizara un proyecto, ejerciendo el poder de manera autoritaria, lo cual generaría un conflicto cuya lucha se centró en darle a Venezuela otra oportunidad para la democracia que se había perdido, gracias a la ceguera de una dirigencia política que no supo valorar la importancia de preservarla en su momento.

En vista del peligro que para el país significaba el gobierno de Gallegos, la Junta se propuso ejercer un mandato transitorio, que se concentraría en preparar una nueva consulta electoral, en la clara intención de descartar un régimen dictatorial. Sin embargo los hechos posteriores se encargarían de demostrar que dentro de las Fuerzas Armadas se había conformado un movimiento lo suficientemente organizado, como para tener un proyecto definido: conservar el poder.

Las primeras acciones de la Junta estuvieron dirigidas a desarticular todas las estructuras que AD logró habilitar en la nación, iniciando un proceso de desmovilización política de la sociedad, de manera que la Junta tuviera la facilidad de gobernar sin oposición efectiva. El partido AD fue oficialmente disuelto, así como también el Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales y el Consejo Supremo Electoral. Es ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), igualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Tan solo permanecieron en la escena política la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) hasta 1952, año en que se produce el fraude electoral en la Asamblea Constituyente, pues ante la posibilidad de perder el poder, el gobierno, que acude a los comicios bajo el nombre de Frente Electoral Independiente (FEI), realiza una maniobra en el Consejo Supremo Electoral para alterar los resultados del proceso, deteniendo el conteo de votos que daba como ganador a Jóvito Villalba del partido URD, adjudicándose el triunfo.

Bajo el gobierno de la Junta Militar, a partir de 1953 oficialmente presidida por Marcos Pérez Jiménez, la dinámica oposición-represión identificaría a la escena política nacional. Los partidos COPEI y URD, quienes desconocieron los resultados de la Constituyente, asumen una postura contraria al régimen, uniéndose a los partidos abolidos: AD y PCV en la oposición.

Este fue un período histórico de gran tensión política, caracterizado por las limitadas libertades, la represión y la lucha clandestina. Precisamente este elemento representa un hecho de gran valor, pues a diferencia del error cometido a la caída de Gómez, cuando las organizaciones políticas manejan el liderazgo como un instrumento personalista-partidista, la lucha contra la dictadura los obliga a unir esfuerzos con el propósito de restablecer el régimen democrático, generándose un vínculo que, a pesar del retiro del Pacto de Puntofijo por parte de URD, se había mantenido como principio del juego político de la democracia venezolana.

La lucha clandestina fue intensa, siendo muchos los líderes gremiales y políticos caídos a manos del régimen dictatorial, las persecuciones y expulsiones eran una modalidad de castigo para los opositores. Mientras Pérez Jiménez se dedicaba a eliminar los peligros emergentes para su permanencia en el poder, en el seno de las Fuerzas Armadas se estaba hilvanando una corriente desfavorable para el gobierno, quien ya no representaba a la institución militar.

En el seno de las Fuerzas Armadas hay toda una situación interna -ascensos, privilegios, formación de camarillas, entres otras- que estaban conduciendo a la separación, en lo que constituye una parte importante de los antecedentes de la crisis que habría de vivir el gobierno de Pérez Jiménez.

En 1957, la lucha contra la dictadura materializa la unión de los partidos de la clandestinidad involucrados, bajo la figura de la Junta Patriótica, aprovechando la coyuntura que produce el problema de la sucesión del poder, hecho crítico para el dictador. Por encima de las diferencias ideológicas estaba la necesidad de derrocar el régimen, factor determinante para el consenso entre las fuerzas políticas. En junio se formaliza la creación de la Junta Patriótica, teniendo como principal objetivo impedir la reelección de Pérez Jiménez.

La situación se fue agravando, pues según la propia Constitución, era el momento de convocar a elecciones. En su lugar, Pérez Jiménez para evitar la pérdida del poder decide realizar un plebiscito que lo ratifica en el mandato.

La tensa situación política se hace insostenible para el régimen, pues no solamente la sociedad civil, sino además amplios sectores de la institución armada rechaza la dictadura, principalmente el ejército que había sido desplazado por el aparato represor: la Seguridad Nacional.

Esa actitud de Pérez Jiménez, quien no midió el descontento de los sectores más progresistas de las Fuerzas Armadas, contribuiría a que se gestara un movimiento insurreccional que inició sus desplazamientos técnicos el 1º de enero de 1958 al mando del Cnel. Hugo Trejo, manifestándose la clara división del Ejército, que había sido el apoyo fundamental del régimen. Desde ese instante se suceden una serie de sublevaciones que culminan con la caída del dictador el 23 de enero de 1858, cuando definitivamente las Fuerzas Armadas le dan la espalda al dictador.

El Pacto de Puntofijo como fundamento del Sistema Político Venezolano

Para la comprensión de la naturaleza del sistema político que se inicia a la caída de la dictadura perezjimenista es necesario interpretar que la coyuntura histórica de 1958 determinó que la consolidación del proyecto democrático, interrumpido por una década, sólo se lograría con la unión de esfuerzos y principalmente, de intereses. Lo que en el pasado hizo fracasar al régimen democrático, pareciera haber servido de lección para la dirigencia política venezolana, siendo la causa común: un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción del nuevo modelo político venezolano: el Pacto de Puntofijo.

La voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo modelo político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo, los partidos políticos.

Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose... (Njaim, Combellas, Josko y Stambouli en Puerta: 45)

El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón: 1989)

Conclusiones
Al margen de los aspectos orientados a la consolidación del régimen democrático propiamente, es necesario que veamos al acuerdo como el instrumento que habría de institucionalizar el modelo centrado de partidos en nuestro sistema político. A diferencia del post-gomecismo, caracterizado por la confrontación entre las fuerzas políticas, dada la coyuntura de 1958, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el espacio político, el poder, creando un vínculo que los fortalecería: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales... sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema” (Portantierro: 47). De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación en manos de las estructuras partidistas.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.

Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.


Referencias Bibliográficas

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* Ponencia presentada en el VI Congreso de Investigación de la UC

Crisis de gobernabilidad

14 de enero de 2003



Cuando Hugo Chávez apareció en la escena política venezolana, no fueron pocos los que saltaron de la emoción: intelectuales, profesionales y por supuesto el pueblo. Existió una sensación de admiración tremenda, por que al fin hubo quien señaló directamente y sin temor alguno a quiénes eran considerados como culpables de la crisis de nuestra democracia.

Uno de los ángulos más interesantes de la justificación de la intentona golpista del 4F de 1992 fue precisamente la intromisión de los partidos políticos en la institucionalidad militar. Para las Fuerzas Armadas era aberrante depender de las cúpulas partidistas al momento de los ascensos.
La penetración de los partidos políticos en la institución militar, fue entre muchos otros motivos relacionados con la gobernabilidad, un factor decisivo para que los militares se decidieran a atentar contra un gobierno legalmente constituido, producto de un proceso electoral absolutamente lícito, que posteriormente al ser cuestionado en su legitimidad, fueron activados mecanismos institucionales y constitucionales, para resolver la inestabilidad en que degeneró dicho régimen.

La ausencia de gobernabilidad la venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. La consolidación de la democracia venezolana se produjo como consecuencia de un pacto entre las fuerzas políticas y sociales luego de la caída de Pérez Jiménez: el Pacto de Puntofijo. Debido a las amargas experiencias de la dictadura, la clase política venezolana entendió que sólo unidos bajo unas reglas de juego claras, era posible echar a andar la democracia en nuestro país.

Sin embargo, la posterior ruptura del pacto, nos llevó a la conformación de un modelo político donde el bipartidismo nos condujo por un embudo a un sistema de conciliación de élites, bajo cuya estructura, el clientelismo político y el populismo pasaron a ser las características predominantes del sistema político venezolano.

La institucionalidad se resintió, inevitablemente. Los partidos acordaban los cargos más importantes, el Fiscal General de la República (aun cuando era una regla no escrita que el Fiscal General no fuese un representante del partido de gobierno), el Contralor General de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, según cuotas, llegando a lo más insólito: ¡se debatían las fichas correspondientes a las corrientes internas de cada partido¡ Esto nos llevó a un quiebre de la institucionalidad, que se manifestó en la poca confiabilidad en la democracia como régimen de gobierno.

El deterioro fue aumentando porque la sociedad no encontró los canales de participación -secuestrados por los partidos políticos- que le permitieran manifestar su posición, resignándose a un papel intermitente en cada elección nacional, regional y local.

Los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), por ofrecer la visión de un país moderno al que podíamos aspirar, fueron quizá la oportunidad más clara de apostar a un cambio, sin embargo faltó la voluntad política de ejecutarlos.

El comienzo del fin lo marcó la ruptura del bipartidismo con la reelección de Rafael Caldera. El paso siguiente con toda lógica, fue el triunfo de Hugo Chávez, pues en ello se resume el desprecio del país por una clase política corrompida por el poder.

La llegada de Chávez a la primera magistratura nacional generó amplios temores y expectativas. Para muchos fue un castigo, para otros la esperanza de un cambio. Hoy estamos ante un enorme fraude, pues para uno y otro sector, el balance debería ser el de una transformación política a la que llaman proceso, que consiste en la destrucción de un sistema político para sustituirlo por un modelo por el que se debaten algunos en calificarlo de revolucionario, autoritario, facista o castro-comunista.

Aquellos que creen en el llamado proceso lo interpretan como la posibilidad de darle al pueblo el poder de decisión. Los que lo critican señalan su compromiso con la implantación de un régimen totalitario.

Si atendemos a la realidad de los hechos, Hugo Chávez comenzó por repudiar la Constitución de 1961. Con una tenacidad incuestionable, nos condujo a una serie de procesos de consulta que parecían interminables: el Referéndum Consultivo del 25-04-99, el Referéndum Aprobatorio del 15-12-99, las Elecciones Presidenciales de 2000, las Elecciones Municipales y el Referéndum Sindical.

Hasta ese momento estaba operando el desmontaje de una estructura de poder que hacía inviable la implantación de su proyecto político. Su promesa era que una vez culminada la fase política, comenzaría inmediatamente la económica.

Sin embargo, en el transcurrir de la etapa política, el presidente fue arremetiendo contra algunos sectores con tal contundencia que, los medios de comunicación social, otrora factores importantes en su proyección victoriosa, pasaron a ser enemigos del proceso.

Por supuesto, que en el camino se fueron quedando los partidos políticos, dejando a la sociedad a merced del proyecto revolucionario. Los resultados electorales daban cuenta de una tremenda incapacidad de respuesta por parte de los sectores contrarios al proceso, no en balde opinaban algunos analistas que Chávez necesitaba con urgencia de una verdadera oposición.

Una vez alcanzado el soporte institucional y constitucional, todos esperábamos la activación de la propuesta económica. Sin embargo, los planes de desarrollo parecían inexistentes frente a la enorme atención que recibía el Plan Bolívar 2000, que era el centro de las políticas públicas desplegadas por el gobierno. No tardaron en aparecer denuncias de malos manejos de los recursos destinados a dicho plan. Con ello quedó al descubierto la poca voluntad del gobierno de hacer buena su palabra de luchar contra la corrupción.

Las debilidades del gobierno para conducir el Estado eran evidentes: el desempleo fue en aumento, la ausencia de incentivos para la inversión privada, la inexistencia de políticas públicas coherentes, la inseguridad personal y jurídica, fueron configurando un panorama sombrío para un verdadero cambio.

Los antagonismos se fueron acentuando con la promulgación de un conjunto de leyes en el marco de la Ley Habilitante, que en algunos casos se llegaron a interpretar como violatorias del derecho a la propiedad privada.

La falta de instituciones independientes comenzó a ser más que una presunción. El poder legislativo operando como una aplanadora; el poder judicial respondiendo a los intereses del ejecutivo, el poder ciudadano con representantes del presidente y el poder electoral como apéndice del gobierno.

La fragilidad institucional fue profundizando la brecha entre quienes defienden el proceso y quienes lo adversan, sin embargo no fue sino hasta 2001 que se comenzó a formar un frente opositor: el decreto 1011 sobre la Supervisión Educativa marcó el inicio de movilizaciones de la sociedad civil contra acciones concretas del gobierno.

Hacia finales del año la voluntad de luchar contra lo que se consideraba como acciones inconstitucionales del gobierno se manifestó con el primer paro cívico nacional del 10 de diciembre, luego vendrían otras movilizaciones, como la del 23 de enero de 2002, emblemática por ser la primera gran demostración del músculo social opositor.

En el marco del segundo paro cívico nacional convocado por la oposición, sucedieron los hechos de abril que todavía hoy conmocionan al país. En este escenario los acontecimientos se desarrollan con tal velocidad que se despide a unos altos ejecutivos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), líderes del paro petrolero, se comete una terrible matanza de manifestantes el 11 de abril, el ejército desconoce la autoridad del Presidente Chávez, se nombra un Presidente Interino, Pedro Carmona Estanga, se produce una ruptura del hilo constitucional al disolverse los poderes y se devuelve a la Presidencia a Hugo Chávez.

Estos hechos llevaron al gobierno y a la opinión pública internacional a catalogar a la oposición como golpista. Los países latinoamericanos condenaron los hechos, EE.UU. y España reconocieron al gobierno interino velada o abiertamente, por lo que fueron señalados como cómplices.

La oposición se vio sola y a la deriva, pues remontar esa cuesta iba a ser muy difícil. Sin embargo, el gobierno ha sido errático para aprovechar el viento a su favor, pues aun cuando la opinión pública internacional se niegue a aceptarlo, este gobierno tiene un dossier de violaciones a los derechos humanos, a la constitución y las leyes, que tarde o temprano, tendrán que ser reconocidas: medios de comunicación y periodistas con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), asesinato de los manifestantes del 11A, ajusticiamientos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, asesinatos de la Plaza Altamira, agresiones a manifestantes por parte de efectivos militares.

Es difícil para otros países comprender cómo un presidente electo de forma legítima puede desarrollar su mandato de manera ilegítima. La respuesta puede estar en la naturaleza de su proyecto político.

En 1992 Hugo Chávez decía que la tragedia de Venezuela era la terrible manipulación de los partidos políticos de las instituciones. Nuestra realidad hoy día es mucho más grave, pues ya no son los partidos políticos los que tienen el monopolio del poder en nuestro país, sino que éste se concentra en las manos de un solo hombre: el Presidente de la República.

Gracias a una muy hábil técnica matemática, la Asamblea Nacional (AN) quedó en manos del gobierno, de tal forma que quien legisla es el Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una mayoría claramente identificada con el gobierno, para quien sentencia. El Poder Ciudadano tiene en el Fiscal General de la República al primer Vicepresidente Ejecutivo de la República; el Contralor General de la República, no encuentra delito alguno, si se trata de funcionarios del gobierno y el Defensor del Ciudadano, quien vergonzosamente es calificado de "defensor del puesto".


¿Dónde quedaron las críticas al modelo político venezolano que mediatizaba la voluntad de la sociedad? El vehículo de participación política de este proceso pareciera ser los llamados Círculos Bolivarianos, que para algunos sectores, son el brazo armado de la revolución.

¿Cómo interpretar la subordinación de todas las esferas de la vida pública nacional a los intereses del proyecto político del presidente? Recordemos los intentos por intervenir la Universidad Central de Venezuela (UCV), la arremetida contra el sector de la Cultura Venezolana, los intentos por romper con el modelo organizacional de PDVSA y el más grave de todos, la conversión de la Fuerza Armada Nacional (F.A.N.) en un ejército al servicio del proyecto político del presidente.

¿Cuál es la diferencia con el modelo puntofijista? ¿Qué beneficios le ha traído a la nación estos cuatro años de gobierno revolucionario? ¿Qué cambios se han operado para mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos?

Si hay algo positivo de toda esta crisis es que los venezolanos han reconocido que no son otros lo que deben participar para decidir el rumbo del país, la abstención quedará en el recuerdo; que no se trata de esperar por el mesías porque en cada venezolano hay un líder en potencia, todos los días se demuestra que este es un pueblo valiente y luchador, ¿por qué esperar por un salvador?
La lucha por recuperar espacios de coexistencia pacífica seguirá hasta demostrar que sólo mediante el consenso, el reconocimiento del otro y el respeto hacia el disenso, sean la base de la convivencia nacional.

El futuro político de Venezuela está signado por la participación activa de la sociedad, en todos sus niveles y expresiones; va a ser muy difícil devolver a la gente a sus casas, pues de ahora en adelante, la sociedad política deberá aceptar que la sociedad civil va a compartir espacio y responsabilidades que antes le eran negados. Los errores y aciertos del futuro no serán exclusividad de la clase política. Ahora Venezuela se dirige hacia la construcción de una nueva nación, el parto está cercano, ¡a prepararse para ese alumbramiento con fe y esperanza¡


Publicado en: www.analítica.com

Aproximación al estudio de la crisis de la democracia y de la representación en Venezuela*

La democracia y su crisis contemporánea, ha suscitado intensos debates en las ciencias sociales y más concretamente, en el seno de la Ciencia Política. La debilidad institucional, la ausencia de liderazgos y el deterioro de los partidos políticos han sido considerados, expresiones claras del debilitamiento de la democracia en Venezuela, relacionándose con la progresiva pérdida de gobernabilidad que se manifiesta.

El presente ensayo, aspira brindar una perspectiva crítica del sistema político venezolano, apoyándose en la metodología de investigación histórico-documental, en un trabajo de carácter descriptivo.

Esta aproximación toma en consideración los elementos fundamentales del sistema político venezolano, las características del Estado en lo político, económico y social y las expresiones de la crisis del modelo político, con el propósito de generar reflexiones en torno a la búsqueda de propuestas que permitan reconstruir la expresión democrática en la sociedad venezolana.


PALABRAS CLAVE: Democracia, crisis de representatividad

* Publicado en Revista Mañongo N°26 año 2006