En 1995 mi trabajo de grado fue sobre la crisis hegemónica del Estado Venezolano. En las conclusiones quedó claramente establecido que entre otros factores, la continua intromisión de los partidos políticos en la institución militar generó un profundo malestar que condujo a la acción de los golpistas. Cuando el Sr. Chávez en la campaña prometía borrar del mapa a adecos y copeyanos pensé que estaba errado, porque el problema no eran los partidos sino la conducta de su dirigencia.
No creo haberme equivocado desde un principio con este individuo, en el año 1994 en un ensayo sobre antropología política, sostuve que Chávez entraba en la categoría de líderes carismáticos populistas de la que habla Gustavo Martín, añadiéndole el calificativo de demagogo. El tiempo me ha dado la razón.
El relación al contenido ideológico del chavismo, es evidente que este grupo tan heterogéneo no comparte un pensamiento político definido, allí hay gente tanto de derecha como de izquierda, porque son los mismos adecos y copeyanos que tanto adversa quienes conforman su movimiento político. Ese fue el reducto que encontraron muchos de los desechos políticos que a lo largo del bipartidismo no tuvieron cabida.
El chavismo es en su esencia un movimiento revanchista, en él se sumaron todos aquellos que no pudieron sacarle provecho a la democracia puntofijista. Eso lo creo firmemente. De otra forma no me explico cómo tanta gente ha acompañado esta irracionalidad, que más que gobierno es desgobierno, que tiene una inmensa capacidad destructiva pero que no encuentra forma alguna de crear, de construir.
El chavismo ha sido efectivo en el desmontaje del bipartidismo, pero ha sido tremendamente incapaz para mostrarse constructivo, porque esa no ha sido nunca su intención. Tenemos a un individuo que se considera el principio y el fin, que no concibe al país fuera de sí mismo, por eso habla de virtualidad, porque no hay nada después de él.
Es imposible el diálogo con un ser que desprecia a quien piensa diferente, que no acepta nada que se oponga a sus deseos, porque además sus decisiones reflejan sus malacrianzas y caprichos y no la racionalidad o criterio de un gerente que es lo que debe ser un presidente.
Debemos comenzar a pensar si lo que queremos es otro incapaz que nos humille o si estamos convencidos que necesitamos un gerente que administre este país. Estamos en una etapa decisiva y no podemos esperar el momento crucial para tomar decisiones, es urgente que suscribamos un pacto de convivencia porque nuestro país está sumamente maltratado, aprendamos de los errores que todos hemos cometido y vamos a acordar cómo vamos a establecer nuestro sistema político, nuestras reglas de juego para la vida política, de manera que le cerremos la posibilidad a cualquier otro chávez, porque lo peor no es lo que estamos viviendo, sino lo que se pueda repetir. Vamos a asegurarnos que ésta sea la última vez.
Tuesday, January 12, 2010
DESAFÍOS AL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO
La encrucijada que vive nuestro país, exige que en medio de la coyuntura, tomemos tiempo para reflexionar sobre las debilidades de nuestro sistema político y las razones que han lo han conducido a su crisis terminal.
En palabras de Robert Dahl, un sistema político es un conjunto estable de relaciones humanas que implican, en medida significativa, relaciones de poder, de gobierno o de autoridad. En esta articulación de relaciones, se produce lo que David Easton denomina, una asignación autoritaria de valor.
Los problemas específicos de los sistemas políticos tienen que ver con la expresión de sus demandas, la reducción de las exigencias, el problemas de los apoyos y los mecanismos de evaluación.
El Sistema Político Venezolano (SPV) resume , en gran medida, las transiciones políticas de nuestra historia. Para profundizar en la crisis política venezolana, debemos reconocer las condiciones en las que se inició la democracia en Venezuela.
En medio de una enorme inestabilidad política, el trienio de 1945-1948 representa el primer ensayo democrático de Venezuela, a través de unas elecciones directas, en un país que durante más de un cuarto de siglo, había padecido una abominable tiranía.
Sin embargo, este ensayo democrático sufrió una interrupción autoritaria, por parte de los mismos militares que expulsaron del poder a Medina Angarita en el 45. Durante los siguientes diez años, nuestro país de nuevo vivió una terrible dictadura, esta vez “modernizadora”, pero no por ello, menos cruel.
En el año 1958 los principales actores del SPV, en evidente acto de madurez, suscriben el Pacto de Puntofijo, para fijar las bases del modelo democrático venezolano. Las experiencias del pasado, dejaron claro que la hegemonía política, representaba el principal obstáculo para la consolidación de un régimen de libertades.
Este acuerdo, significaba la fijación de las reglas del juego político, en lo que habría de ser un compromiso por preservar la estabilidad del naciente sistema.
Las condiciones económicas del país, al convertirse nuestra renta petrolera en el factor dinamizador, facilitaron la configuración de un modelo de relaciones de Estado, que entre otras, consolidó el Sistema Populista de Conciliación de Élites, definido por J.C. Rey como el entramado de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos, que apoyándose en la abundancia de recursos económicos, un por entonces, bajo nivel (simplicidad) de las demandas y la capacidad de las organizaciones políticas (partidos y asociaciones civiles) para canalizar las demandas, permitieron una significativa etapa de estabilidad política.
Ahora bien, la crisis del modelo rentista, en el que el petróleo ha sido la principal actividad productiva y la única fuente rentística, generó serios cuestionamientos hacia un Estado hiperactivo (Estado de Bienestar) que como rasgos característicos, subsidiaba, intervenía, protegía y regulaba, mediante mecanismos utilitarios que estimularan la adhesión de la sociedad al sistema, para luego evolucionar hacia mecanismos valorativos.
Esta aspiración fue truncada, entre otras razones, por la cultura clientelar instaurada, gracias a la consolidación de la partidocracia en sustitución del Estado de Partidos, definido por A. Brewer-Carías.
Las primeras señales de alarma, tiene lugar en 1989 y 1992. La explosión social de febrero y marzo de 1989, conocida como el “Caracazo” fue el comienzo de una serie de eventos de gran significación política. Para febrero y noviembre de 1992, la crisis política era inocultable.
Las reacciones del SPV fueron más bien tímidas, ante la magnitud del problema en gestación. El proceso de Descentralización Político-Administrativa iniciado en 1989, fue interpretado como una reacción, una medida ante el impacto de la crisis política.
La realidad resultó ser mucho más compleja de lo que la clase política venezolana estimaba. Ello explica la crisis de representatitividad, pues la sociedad ha interpretado que su dirigencia política ha sido superada por sus demandas.
En 1993 ocurre el detonante de la crisis terminal del SPV, al producirse la ruptura del bipartidismo y un aumento considerable de la abstención como manifestación política. De allí al fenómeno chavista fue sólo un paso.
Un balance preliminar arroja datos significativos:
1.- El no haber redefinido el modelo socioeconómico, permitió que la nación concibiera al Estado como un ente proveedor, sin que pudiera consolidarse una verdadera cultura de trabajo productivo.
2.- El Estado asumió tan diversas y complejas responsabilidades, que hasta la felicidad, es un mandato constitucional. Cuando su incapacidad para procesar o satisfacer demandas se vio comprometida por la insuficiencia de recursos, en lugar de estimular la diversificación de la economía, profundizó su intervencionismo (a pesar del proceso privatizador emprendido) al regular el proceso económico, implementando medidas, sin considerar las políticas sociales complementarias.
3.- Los partidos políticos asumieron un rol mediatizador, desconociendo que la sociedad venezolana, había madurado políticamente, que ya no necesitaba de tutelaje, sobrepasando a la clase política criolla.
4.- La sociedad comenzó a cuestionar la democracia, interpretando que el sistema político comprometía el modelo. Eso fue lo que estimuló una suerte de “coqueteo” con fórmulas autoritarias, justificándolo en la necesidad de disciplinar el ejercicio del poder.
5.- El daño hecho a la idea de la democracia, como una forma de vida, producto de los abusos de la clase política tradicional, exige una nueva interpretación de la representatividad política.
En palabras de Robert Dahl, un sistema político es un conjunto estable de relaciones humanas que implican, en medida significativa, relaciones de poder, de gobierno o de autoridad. En esta articulación de relaciones, se produce lo que David Easton denomina, una asignación autoritaria de valor.
Los problemas específicos de los sistemas políticos tienen que ver con la expresión de sus demandas, la reducción de las exigencias, el problemas de los apoyos y los mecanismos de evaluación.
El Sistema Político Venezolano (SPV) resume , en gran medida, las transiciones políticas de nuestra historia. Para profundizar en la crisis política venezolana, debemos reconocer las condiciones en las que se inició la democracia en Venezuela.
En medio de una enorme inestabilidad política, el trienio de 1945-1948 representa el primer ensayo democrático de Venezuela, a través de unas elecciones directas, en un país que durante más de un cuarto de siglo, había padecido una abominable tiranía.
Sin embargo, este ensayo democrático sufrió una interrupción autoritaria, por parte de los mismos militares que expulsaron del poder a Medina Angarita en el 45. Durante los siguientes diez años, nuestro país de nuevo vivió una terrible dictadura, esta vez “modernizadora”, pero no por ello, menos cruel.
En el año 1958 los principales actores del SPV, en evidente acto de madurez, suscriben el Pacto de Puntofijo, para fijar las bases del modelo democrático venezolano. Las experiencias del pasado, dejaron claro que la hegemonía política, representaba el principal obstáculo para la consolidación de un régimen de libertades.
Este acuerdo, significaba la fijación de las reglas del juego político, en lo que habría de ser un compromiso por preservar la estabilidad del naciente sistema.
Las condiciones económicas del país, al convertirse nuestra renta petrolera en el factor dinamizador, facilitaron la configuración de un modelo de relaciones de Estado, que entre otras, consolidó el Sistema Populista de Conciliación de Élites, definido por J.C. Rey como el entramado de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos, que apoyándose en la abundancia de recursos económicos, un por entonces, bajo nivel (simplicidad) de las demandas y la capacidad de las organizaciones políticas (partidos y asociaciones civiles) para canalizar las demandas, permitieron una significativa etapa de estabilidad política.
Ahora bien, la crisis del modelo rentista, en el que el petróleo ha sido la principal actividad productiva y la única fuente rentística, generó serios cuestionamientos hacia un Estado hiperactivo (Estado de Bienestar) que como rasgos característicos, subsidiaba, intervenía, protegía y regulaba, mediante mecanismos utilitarios que estimularan la adhesión de la sociedad al sistema, para luego evolucionar hacia mecanismos valorativos.
Esta aspiración fue truncada, entre otras razones, por la cultura clientelar instaurada, gracias a la consolidación de la partidocracia en sustitución del Estado de Partidos, definido por A. Brewer-Carías.
Las primeras señales de alarma, tiene lugar en 1989 y 1992. La explosión social de febrero y marzo de 1989, conocida como el “Caracazo” fue el comienzo de una serie de eventos de gran significación política. Para febrero y noviembre de 1992, la crisis política era inocultable.
Las reacciones del SPV fueron más bien tímidas, ante la magnitud del problema en gestación. El proceso de Descentralización Político-Administrativa iniciado en 1989, fue interpretado como una reacción, una medida ante el impacto de la crisis política.
La realidad resultó ser mucho más compleja de lo que la clase política venezolana estimaba. Ello explica la crisis de representatitividad, pues la sociedad ha interpretado que su dirigencia política ha sido superada por sus demandas.
En 1993 ocurre el detonante de la crisis terminal del SPV, al producirse la ruptura del bipartidismo y un aumento considerable de la abstención como manifestación política. De allí al fenómeno chavista fue sólo un paso.
Un balance preliminar arroja datos significativos:
1.- El no haber redefinido el modelo socioeconómico, permitió que la nación concibiera al Estado como un ente proveedor, sin que pudiera consolidarse una verdadera cultura de trabajo productivo.
2.- El Estado asumió tan diversas y complejas responsabilidades, que hasta la felicidad, es un mandato constitucional. Cuando su incapacidad para procesar o satisfacer demandas se vio comprometida por la insuficiencia de recursos, en lugar de estimular la diversificación de la economía, profundizó su intervencionismo (a pesar del proceso privatizador emprendido) al regular el proceso económico, implementando medidas, sin considerar las políticas sociales complementarias.
3.- Los partidos políticos asumieron un rol mediatizador, desconociendo que la sociedad venezolana, había madurado políticamente, que ya no necesitaba de tutelaje, sobrepasando a la clase política criolla.
4.- La sociedad comenzó a cuestionar la democracia, interpretando que el sistema político comprometía el modelo. Eso fue lo que estimuló una suerte de “coqueteo” con fórmulas autoritarias, justificándolo en la necesidad de disciplinar el ejercicio del poder.
5.- El daño hecho a la idea de la democracia, como una forma de vida, producto de los abusos de la clase política tradicional, exige una nueva interpretación de la representatividad política.
Crisis de Gobernabilidad
Cuando Hugo Chávez apareció en la escena política venezolana, no fueron pocos los que saltaron de la emoción: intelectuales, profesionales y por supuesto el pueblo. Existió una sensación de admiración tremenda, por que al fin hubo quien señaló directamente y sin temor alguno a quiénes eran considerados como culpables de la crisis de nuestra democracia.
Uno de los ángulos más interesantes de la justificación de la intentona golpista del 4F de 1992 fue precisamente la intromisión de los partidos políticos en la institucionalidad militar. Para las Fuerzas Armadas era aberrante depender de las cúpulas partidistas al momento de los ascensos.
La penetración de los partidos políticos en la institución militar, fue entre muchos otros motivos relacionados con la gobernabilidad, un factor decisivo para que los militares se decidieran a atentar contra un gobierno legalmente constituido, producto de un proceso electoral absolutamente lícito, que posteriormente al ser cuestionado en su legitimidad, fueron activados mecanismos institucionales y constitucionales, para resolver la inestabilidad en que degeneró dicho régimen.
La ausencia de gobernabilidad la venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. La consolidación de la democracia venezolana se produjo como consecuencia de un pacto entre las fuerzas políticas y sociales luego de la caída de Pérez Jiménez: el Pacto de Puntofijo. Debido a las amargas experiencias de la dictadura, la clase política venezolana entendió que sólo unidos bajo unas reglas de juego claras, era posible echar a andar la democracia en nuestro país.
Sin embargo, la posterior ruptura del pacto, nos llevó a la conformación de un modelo político donde el bipartidismo nos condujo por un embudo a un sistema de conciliación de élites, bajo cuya estructura, el clientelismo político y el populismo pasaron a ser las características predominantes del sistema político venezolano.
La institucionalidad se resintió, inevitablemente. Los partidos acordaban los cargos más importantes, el Fiscal General de la República (aun cuando era una regla no escrita que el Fiscal General no fuese un representante del partido de gobierno), el Contralor General de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, según cuotas, llegando a lo más insólito: ¡se debatían las fichas correspondientes a las corrientes internas de cada partido¡
Esto nos llevó a un quiebre de la institucionalidad, que se manifestó en la poca confiabilidad en la democracia como régimen de gobierno.
El deterioro fue aumentando porque la sociedad no encontró los canales de participación -secuestrados por los partidos políticos- que le permitieran manifestar su posición, resignándose a un papel intermitente en cada elección nacional, regional y local.
Los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), por ofrecer la visión de un país moderno al que podíamos aspirar, fueron quizá la oportunidad más clara de apostar a un cambio, sin embargo faltó la voluntad política de ejecutarlos.
El comienzo del fin lo marcó la ruptura del bipartidismo con la reelección de Rafael Caldera. El paso siguiente con toda lógica, fue el triunfo de Hugo Chávez, pues en ello se resume el desprecio del país por una clase política corrompida por el poder.
La llegada de Chávez a la primera magistratura nacional generó amplios temores y expectativas. Para muchos fue un castigo, para otros la esperanza de un cambio. Hoy estamos ante un enorme fraude, pues para uno y otro sector, el balance debería ser el de una transformación política a la que llaman proceso, que consiste en la destrucción de un sistema político para sustituirlo por un modelo por el que se debaten algunos en calificarlo de revolucionario, autoritario, facista o castro-comunista.
Aquellos que creen en el llamado proceso lo interpretan como la posibilidad de darle al pueblo el poder de decisión. Los que lo critican señalan su compromiso con la implantación de un régimen totalitario.
Si atendemos a la realidad de los hechos, Hugo Chávez comenzó por repudiar la Constitución de 1961. Con una tenacidad incuestionable, nos condujo a una serie de procesos de consulta que parecían interminables: el Referéndum Consultivo del 25-04-99, el Referéndum Aprobatorio del 15-12-99, las Elecciones Presidenciales de 2000, las Elecciones Municipales y el Referéndum Sindical.
Hasta ese momento estaba operando el desmontaje de una estructura de poder que hacía inviable la implantación de su proyecto político. Su promesa era que una vez culminada la fase política, comenzaría inmediatamente la económica.
Sin embargo, en el transcurrir de la etapa política, el presidente fue arremetiendo contra algunos sectores con tal contundencia que, los medios de comunicación social, otrora factores importantes en su proyección victoriosa, pasaron a ser enemigos del proceso.
Por supuesto, que en el camino se fueron quedando los partidos políticos, dejando a la sociedad a merced del proyecto revolucionario. Los resultados electorales daban cuenta de una tremenda incapacidad de respuesta por parte de los sectores contrarios al proceso, no en balde opinaban algunos analistas que Chávez necesitaba con urgencia de una verdadera oposición.
Una vez alcanzado el soporte institucional y constitucional, todos esperábamos la activación de la propuesta económica. Sin embargo, los planes de desarrollo parecían inexistentes frente a la enorme atención que recibía el Plan Bolívar 2000, que era el centro de las políticas públicas desplegadas por el gobierno. No tardaron en aparecer denuncias de malos manejos de los recursos destinados a dicho plan. Con ello quedó al descubierto la poca voluntad del gobierno de hacer buena su palabra de luchar contra la corrupción.
Las debilidades del gobierno para conducir el Estado eran evidentes: el desempleo fue en aumento, la ausencia de incentivos para la inversión privada, la inexistencia de políticas públicas coherentes, la inseguridad personal y jurídica, fueron configurando un panorama sombrío para un verdadero cambio.
Los antagonismos se fueron acentuando con la promulgación de un conjunto de leyes en el marco de la Ley Habilitante, que en algunos casos se llegaron a interpretar como violatorias del derecho a la propiedad privada.
La falta de instituciones independientes comenzó a ser más que una presunción. El poder legislativo operando como una aplanadora; el poder judicial respondiendo a los intereses del ejecutivo, el poder ciudadano con representantes del presidente y el poder electoral como apéndice del gobierno.
La fragilidad institucional fue profundizando la brecha entre quienes defienden el proceso y quienes lo adversan, sin embargo no fue sino hasta 2001 que se comenzó a formar un frente opositor: el decreto 1011 sobre la Supervisión Educativa marcó el inicio de movilizaciones de la sociedad civil contra acciones concretas del gobierno.
Hacia finales del año la voluntad de luchar contra lo que se consideraba como acciones inconstitucionales del gobierno se manifestó con el primer paro cívico nacional del 10 de diciembre, luego vendrían otras movilizaciones, como la del 23 de enero de 2002, emblemática por ser la primera gran demostración del músculo social opositor.
En el marco del segundo paro cívico nacional convocado por la oposición, sucedieron los hechos de abril que todavía hoy conmocionan al país. En este escenario los acontecimientos se desarrollan con tal velocidad que se despide a unos altos ejecutivos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), líderes del paro petrolero, se comete una terrible matanza de manifestantes el 11 de abril, el ejército desconoce la autoridad del Presidente Chávez, se nombra un Presidente Interino, Pedro Carmona Estanga, se produce una ruptura del hilo constitucional al disolverse los poderes y se devuelve a la Presidencia a Hugo Chávez.
Estos hechos llevaron al gobierno y a la opinión pública internacional a catalogar a la oposición como golpista. Los países latinoamericanos condenaron los hechos, EE.UU. y España reconocieron al gobierno interino velada o abiertamente, por lo que fueron señalados como cómplices.
La oposición se vio sola y a la deriva, pues remontar esa cuesta iba a ser muy difícil. Sin embargo, el gobierno ha sido errático para aprovechar el viento a su favor, pues aun cuando la opinión pública internacional se niegue a aceptarlo, este gobierno tiene un dossier de violaciones a los derechos humanos, a la constitución y las leyes, que tarde o temprano, tendrán que ser reconocidas: medios de comunicación y periodistas con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), asesinato de los manifestantes del 11A, ajusticiamientos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, asesinatos de la Plaza Altamira, agresiones a manifestantes por parte de efectivos militares.
Es difícil para otros países comprender cómo un presidente electo de forma legítima puede desarrollar su mandato de manera ilegítima. La respuesta puede estar en la naturaleza de su proyecto político.
En 1992 Hugo Chávez decía que la tragedia de Venezuela era la terrible manipulación de los partidos políticos de las instituciones. Nuestra realidad hoy día es mucho más grave, pues ya no son los partidos políticos los que tienen el monopolio del poder en nuestro país, sino que éste se concentra en las manos de un solo hombre: el Presidente de la República.
Gracias a una muy hábil técnica matemática, la Asamblea Nacional (AN) quedó en manos del gobierno, de tal forma que quien legisla es el Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una mayoría claramente identificada con el gobierno, para quien sentencia. El Poder Ciudadano tiene en el Fiscal General de la República al primer Vicepresidente Ejecutivo de la República; el Contralor General de la República, no encuentra delito alguno, si se trata de funcionarios del gobierno y el Defensor del Ciudadano, quien vergonzosamente es calificado de “defensor del puesto”.
¿Dónde quedaron las críticas al modelo político venezolano que mediatizaba la voluntad de la sociedad? El vehículo de participación política de este proceso pareciera ser los llamados Círculos Bolivarianos, que para algunos sectores, son el brazo armado de la revolución.
¿Cómo interpretar la subordinación de todas las esferas de la vida pública nacional a los intereses del proyecto político del presidente? Recordemos los intentos por intervenir la Universidad Central de Venezuela (UCV), la arremetida contra el sector de la Cultura Venezolana, los intentos por romper con el modelo organizacional de PDVSA y el más grave de todos, la conversión de la Fuerza Armada Nacional (F.A.N.) en un ejército al servicio del proyecto político del presidente.
¿Cuál es la diferencia con el modelo puntofijista? ¿Qué beneficios le ha traído a la nación estos cuatro años de gobierno revolucionario? ¿Qué cambios se han operado para mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos?
Si hay algo positivo de toda esta crisis es que los venezolanos han reconocido que no son otros lo que deben participar para decidir el rumbo del país, la abstención quedará en el recuerdo; que no se trata de esperar por el mesías porque en cada venezolano hay un líder en potencia, todos los días se demuestra que este es un pueblo valiente y luchador, ¿por qué esperar por un salvador?
La lucha por recuperar espacios de coexistencia pacífica seguirá hasta demostrar que sólo mediante el consenso, el reconocimiento del otro y el respeto hacia el disenso, sean la base de la convivencia nacional.
El futuro político de Venezuela está signado por la participación activa de la sociedad, en todos sus niveles y expresiones; va a ser muy difícil devolver a la gente a sus casas, pues de ahora en adelante, la sociedad política deberá aceptar que la sociedad civil va a compartir espacio y responsabilidades que antes le eran negados. Los errores y aciertos del futuro no serán exclusividad de la clase política. Ahora Venezuela se dirige hacia la construcción de una nueva nación, el parto está cercano, ¡a prepararse para ese alumbramiento con fe y esperanza¡
María Isabel Puerta Riera
26-12-02
Uno de los ángulos más interesantes de la justificación de la intentona golpista del 4F de 1992 fue precisamente la intromisión de los partidos políticos en la institucionalidad militar. Para las Fuerzas Armadas era aberrante depender de las cúpulas partidistas al momento de los ascensos.
La penetración de los partidos políticos en la institución militar, fue entre muchos otros motivos relacionados con la gobernabilidad, un factor decisivo para que los militares se decidieran a atentar contra un gobierno legalmente constituido, producto de un proceso electoral absolutamente lícito, que posteriormente al ser cuestionado en su legitimidad, fueron activados mecanismos institucionales y constitucionales, para resolver la inestabilidad en que degeneró dicho régimen.
La ausencia de gobernabilidad la venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. La consolidación de la democracia venezolana se produjo como consecuencia de un pacto entre las fuerzas políticas y sociales luego de la caída de Pérez Jiménez: el Pacto de Puntofijo. Debido a las amargas experiencias de la dictadura, la clase política venezolana entendió que sólo unidos bajo unas reglas de juego claras, era posible echar a andar la democracia en nuestro país.
Sin embargo, la posterior ruptura del pacto, nos llevó a la conformación de un modelo político donde el bipartidismo nos condujo por un embudo a un sistema de conciliación de élites, bajo cuya estructura, el clientelismo político y el populismo pasaron a ser las características predominantes del sistema político venezolano.
La institucionalidad se resintió, inevitablemente. Los partidos acordaban los cargos más importantes, el Fiscal General de la República (aun cuando era una regla no escrita que el Fiscal General no fuese un representante del partido de gobierno), el Contralor General de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, según cuotas, llegando a lo más insólito: ¡se debatían las fichas correspondientes a las corrientes internas de cada partido¡
Esto nos llevó a un quiebre de la institucionalidad, que se manifestó en la poca confiabilidad en la democracia como régimen de gobierno.
El deterioro fue aumentando porque la sociedad no encontró los canales de participación -secuestrados por los partidos políticos- que le permitieran manifestar su posición, resignándose a un papel intermitente en cada elección nacional, regional y local.
Los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), por ofrecer la visión de un país moderno al que podíamos aspirar, fueron quizá la oportunidad más clara de apostar a un cambio, sin embargo faltó la voluntad política de ejecutarlos.
El comienzo del fin lo marcó la ruptura del bipartidismo con la reelección de Rafael Caldera. El paso siguiente con toda lógica, fue el triunfo de Hugo Chávez, pues en ello se resume el desprecio del país por una clase política corrompida por el poder.
La llegada de Chávez a la primera magistratura nacional generó amplios temores y expectativas. Para muchos fue un castigo, para otros la esperanza de un cambio. Hoy estamos ante un enorme fraude, pues para uno y otro sector, el balance debería ser el de una transformación política a la que llaman proceso, que consiste en la destrucción de un sistema político para sustituirlo por un modelo por el que se debaten algunos en calificarlo de revolucionario, autoritario, facista o castro-comunista.
Aquellos que creen en el llamado proceso lo interpretan como la posibilidad de darle al pueblo el poder de decisión. Los que lo critican señalan su compromiso con la implantación de un régimen totalitario.
Si atendemos a la realidad de los hechos, Hugo Chávez comenzó por repudiar la Constitución de 1961. Con una tenacidad incuestionable, nos condujo a una serie de procesos de consulta que parecían interminables: el Referéndum Consultivo del 25-04-99, el Referéndum Aprobatorio del 15-12-99, las Elecciones Presidenciales de 2000, las Elecciones Municipales y el Referéndum Sindical.
Hasta ese momento estaba operando el desmontaje de una estructura de poder que hacía inviable la implantación de su proyecto político. Su promesa era que una vez culminada la fase política, comenzaría inmediatamente la económica.
Sin embargo, en el transcurrir de la etapa política, el presidente fue arremetiendo contra algunos sectores con tal contundencia que, los medios de comunicación social, otrora factores importantes en su proyección victoriosa, pasaron a ser enemigos del proceso.
Por supuesto, que en el camino se fueron quedando los partidos políticos, dejando a la sociedad a merced del proyecto revolucionario. Los resultados electorales daban cuenta de una tremenda incapacidad de respuesta por parte de los sectores contrarios al proceso, no en balde opinaban algunos analistas que Chávez necesitaba con urgencia de una verdadera oposición.
Una vez alcanzado el soporte institucional y constitucional, todos esperábamos la activación de la propuesta económica. Sin embargo, los planes de desarrollo parecían inexistentes frente a la enorme atención que recibía el Plan Bolívar 2000, que era el centro de las políticas públicas desplegadas por el gobierno. No tardaron en aparecer denuncias de malos manejos de los recursos destinados a dicho plan. Con ello quedó al descubierto la poca voluntad del gobierno de hacer buena su palabra de luchar contra la corrupción.
Las debilidades del gobierno para conducir el Estado eran evidentes: el desempleo fue en aumento, la ausencia de incentivos para la inversión privada, la inexistencia de políticas públicas coherentes, la inseguridad personal y jurídica, fueron configurando un panorama sombrío para un verdadero cambio.
Los antagonismos se fueron acentuando con la promulgación de un conjunto de leyes en el marco de la Ley Habilitante, que en algunos casos se llegaron a interpretar como violatorias del derecho a la propiedad privada.
La falta de instituciones independientes comenzó a ser más que una presunción. El poder legislativo operando como una aplanadora; el poder judicial respondiendo a los intereses del ejecutivo, el poder ciudadano con representantes del presidente y el poder electoral como apéndice del gobierno.
La fragilidad institucional fue profundizando la brecha entre quienes defienden el proceso y quienes lo adversan, sin embargo no fue sino hasta 2001 que se comenzó a formar un frente opositor: el decreto 1011 sobre la Supervisión Educativa marcó el inicio de movilizaciones de la sociedad civil contra acciones concretas del gobierno.
Hacia finales del año la voluntad de luchar contra lo que se consideraba como acciones inconstitucionales del gobierno se manifestó con el primer paro cívico nacional del 10 de diciembre, luego vendrían otras movilizaciones, como la del 23 de enero de 2002, emblemática por ser la primera gran demostración del músculo social opositor.
En el marco del segundo paro cívico nacional convocado por la oposición, sucedieron los hechos de abril que todavía hoy conmocionan al país. En este escenario los acontecimientos se desarrollan con tal velocidad que se despide a unos altos ejecutivos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), líderes del paro petrolero, se comete una terrible matanza de manifestantes el 11 de abril, el ejército desconoce la autoridad del Presidente Chávez, se nombra un Presidente Interino, Pedro Carmona Estanga, se produce una ruptura del hilo constitucional al disolverse los poderes y se devuelve a la Presidencia a Hugo Chávez.
Estos hechos llevaron al gobierno y a la opinión pública internacional a catalogar a la oposición como golpista. Los países latinoamericanos condenaron los hechos, EE.UU. y España reconocieron al gobierno interino velada o abiertamente, por lo que fueron señalados como cómplices.
La oposición se vio sola y a la deriva, pues remontar esa cuesta iba a ser muy difícil. Sin embargo, el gobierno ha sido errático para aprovechar el viento a su favor, pues aun cuando la opinión pública internacional se niegue a aceptarlo, este gobierno tiene un dossier de violaciones a los derechos humanos, a la constitución y las leyes, que tarde o temprano, tendrán que ser reconocidas: medios de comunicación y periodistas con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), asesinato de los manifestantes del 11A, ajusticiamientos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, asesinatos de la Plaza Altamira, agresiones a manifestantes por parte de efectivos militares.
Es difícil para otros países comprender cómo un presidente electo de forma legítima puede desarrollar su mandato de manera ilegítima. La respuesta puede estar en la naturaleza de su proyecto político.
En 1992 Hugo Chávez decía que la tragedia de Venezuela era la terrible manipulación de los partidos políticos de las instituciones. Nuestra realidad hoy día es mucho más grave, pues ya no son los partidos políticos los que tienen el monopolio del poder en nuestro país, sino que éste se concentra en las manos de un solo hombre: el Presidente de la República.
Gracias a una muy hábil técnica matemática, la Asamblea Nacional (AN) quedó en manos del gobierno, de tal forma que quien legisla es el Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una mayoría claramente identificada con el gobierno, para quien sentencia. El Poder Ciudadano tiene en el Fiscal General de la República al primer Vicepresidente Ejecutivo de la República; el Contralor General de la República, no encuentra delito alguno, si se trata de funcionarios del gobierno y el Defensor del Ciudadano, quien vergonzosamente es calificado de “defensor del puesto”.
¿Dónde quedaron las críticas al modelo político venezolano que mediatizaba la voluntad de la sociedad? El vehículo de participación política de este proceso pareciera ser los llamados Círculos Bolivarianos, que para algunos sectores, son el brazo armado de la revolución.
¿Cómo interpretar la subordinación de todas las esferas de la vida pública nacional a los intereses del proyecto político del presidente? Recordemos los intentos por intervenir la Universidad Central de Venezuela (UCV), la arremetida contra el sector de la Cultura Venezolana, los intentos por romper con el modelo organizacional de PDVSA y el más grave de todos, la conversión de la Fuerza Armada Nacional (F.A.N.) en un ejército al servicio del proyecto político del presidente.
¿Cuál es la diferencia con el modelo puntofijista? ¿Qué beneficios le ha traído a la nación estos cuatro años de gobierno revolucionario? ¿Qué cambios se han operado para mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos?
Si hay algo positivo de toda esta crisis es que los venezolanos han reconocido que no son otros lo que deben participar para decidir el rumbo del país, la abstención quedará en el recuerdo; que no se trata de esperar por el mesías porque en cada venezolano hay un líder en potencia, todos los días se demuestra que este es un pueblo valiente y luchador, ¿por qué esperar por un salvador?
La lucha por recuperar espacios de coexistencia pacífica seguirá hasta demostrar que sólo mediante el consenso, el reconocimiento del otro y el respeto hacia el disenso, sean la base de la convivencia nacional.
El futuro político de Venezuela está signado por la participación activa de la sociedad, en todos sus niveles y expresiones; va a ser muy difícil devolver a la gente a sus casas, pues de ahora en adelante, la sociedad política deberá aceptar que la sociedad civil va a compartir espacio y responsabilidades que antes le eran negados. Los errores y aciertos del futuro no serán exclusividad de la clase política. Ahora Venezuela se dirige hacia la construcción de una nueva nación, el parto está cercano, ¡a prepararse para ese alumbramiento con fe y esperanza¡
María Isabel Puerta Riera
26-12-02
Monday, January 11, 2010
La culpa es tuya
Editorial
Diario Tal Caual
11-01-2010
Teodoro Petkoff
La gente no necesita de sesudos y técnicos análisis económicos. Las colas inmensas ante las tiendas de electrodomésticos fueron más que elocuentes el fin de semana. Todo el mundo sabe que devaluación es sinónimo de subidas escandalosas de precios así que una marabunta salió a comprar lo que pudiera a precios viejos. Ya somos veteranos de devaluaciones. No es este nuestro primer Viernes Negro. Ya también sabemos lo que viene: un costo de vida que nos hará sudar petróleo para poderlo cubrir.
Chávez no tiene excusas. Ha sido su disparatada política económica la que lo ha obligado a devaluar. Ha devaluado después de cinco años de la mayor bonanza petrolera del siglo, durante los cuales entraron al país miles de millones de dólares, pero pésimamente manejados. No puede escudarse en que heredó una crisis fiscal creada por “gobiernos anteriores”. El suyo ya es dos gobiernos anteriores y pico. Los problemas fiscales que tiene los parió él mismito.
No puede alegar que se quedó sin reservas internacionales, porque hay 35 mil millones de ellas. La recesión económica es suya-suyita. El Gran Charlatán decía que estábamos “blindados”. Pero el blindaje no resistió los efectos del Plan de Destrucción Nacional que adelanta Chacumbele. La economía venezolana cayó 2,9% en 2009 pero la mundial sólo en 1,1% y la latinoamericana en 1,8%. Nuestro desempeño económico fue mucho peor que la media mundial y que la media del continente. Todos las tonterías que condujeron a esta devaluación brutal llevan, pues, su exclusiva marca de fabrica. Esta devaluación es made in Miraflores. Inflación, recesión y ahora devaluación, darán más inflación y más recesión.
Estanflación llaman esto los expertos. Estancamiento más inflación. ¡Qué revolución más bonita! Devaluaron tarde y mal. ¿Por qué lo hicieron, entonces? A nadie han engañado. El gobierno necesita plata y nos la va a sacar del bolsillo, clavándonos el peor impuesto, la inflación.
Cada dólar petrolero le producirá ahora 4,30 y no 2,15.
Duplica sus ingresos. Más plata para derrochar y para financiar su campaña electoral.
Presiones adicionales sobre los precios. La falacia de que nuestro salario mínimo era el mayor de América Latina se volvió pupú. A 2,15 claro que lo era, pero no a los 6 o 7 del dólar permuta ni a los 4,30 de ahora. Tendremos un año de fuertes presiones salariales porque la carestía de la vida, que ya es insoportable, será peor. Costos más caros, por tanto, y más gasolina para la inflación. Pero no se atreven a decir la verdad. Engañan al pueblo a pura coba. Ahora, esto y que es para estimular las exportaciones. ¡Por favor! ¿Nos creen estúpidos? Después de once años de predicar “crecimiento endógeno” (sustitución de importaciones), súbitamente descubren que de lo que se trata es de exportar, o sea, “crecimiento exógeno”. El inefable profesor Giordani nos dice que se “busca hacer más competitiva la economía venezolana, al promover las exportaciones”. Tarde piaste pajarito. Once años destruyendo el aparato productivo, con exportaciones no-petroleras que llegaron el año pasado escasamente a un poco más de 3 mil millones de dólares, y ahora nos vienen con el cuento de que la mera devaluación lo va a sacar del hoyo. Esta no basta para superar el desastre de las empresas estatales exportadoras arruinadas ni el de las privadas en la lona.
Dejaron sobrevaluar el bolívar hasta extremos demenciales, manifestación típica del rentismo, y se gastaron una bola de dólares para aplastar la tasa paralela sin lograrlo, y ahora Chacumbele nos sermonea con lo de superar la “economía rentista”. ¡Vaya pa’l carajo!
Diario Tal Caual
11-01-2010
Teodoro Petkoff
La gente no necesita de sesudos y técnicos análisis económicos. Las colas inmensas ante las tiendas de electrodomésticos fueron más que elocuentes el fin de semana. Todo el mundo sabe que devaluación es sinónimo de subidas escandalosas de precios así que una marabunta salió a comprar lo que pudiera a precios viejos. Ya somos veteranos de devaluaciones. No es este nuestro primer Viernes Negro. Ya también sabemos lo que viene: un costo de vida que nos hará sudar petróleo para poderlo cubrir.
Chávez no tiene excusas. Ha sido su disparatada política económica la que lo ha obligado a devaluar. Ha devaluado después de cinco años de la mayor bonanza petrolera del siglo, durante los cuales entraron al país miles de millones de dólares, pero pésimamente manejados. No puede escudarse en que heredó una crisis fiscal creada por “gobiernos anteriores”. El suyo ya es dos gobiernos anteriores y pico. Los problemas fiscales que tiene los parió él mismito.
No puede alegar que se quedó sin reservas internacionales, porque hay 35 mil millones de ellas. La recesión económica es suya-suyita. El Gran Charlatán decía que estábamos “blindados”. Pero el blindaje no resistió los efectos del Plan de Destrucción Nacional que adelanta Chacumbele. La economía venezolana cayó 2,9% en 2009 pero la mundial sólo en 1,1% y la latinoamericana en 1,8%. Nuestro desempeño económico fue mucho peor que la media mundial y que la media del continente. Todos las tonterías que condujeron a esta devaluación brutal llevan, pues, su exclusiva marca de fabrica. Esta devaluación es made in Miraflores. Inflación, recesión y ahora devaluación, darán más inflación y más recesión.
Estanflación llaman esto los expertos. Estancamiento más inflación. ¡Qué revolución más bonita! Devaluaron tarde y mal. ¿Por qué lo hicieron, entonces? A nadie han engañado. El gobierno necesita plata y nos la va a sacar del bolsillo, clavándonos el peor impuesto, la inflación.
Cada dólar petrolero le producirá ahora 4,30 y no 2,15.
Duplica sus ingresos. Más plata para derrochar y para financiar su campaña electoral.
Presiones adicionales sobre los precios. La falacia de que nuestro salario mínimo era el mayor de América Latina se volvió pupú. A 2,15 claro que lo era, pero no a los 6 o 7 del dólar permuta ni a los 4,30 de ahora. Tendremos un año de fuertes presiones salariales porque la carestía de la vida, que ya es insoportable, será peor. Costos más caros, por tanto, y más gasolina para la inflación. Pero no se atreven a decir la verdad. Engañan al pueblo a pura coba. Ahora, esto y que es para estimular las exportaciones. ¡Por favor! ¿Nos creen estúpidos? Después de once años de predicar “crecimiento endógeno” (sustitución de importaciones), súbitamente descubren que de lo que se trata es de exportar, o sea, “crecimiento exógeno”. El inefable profesor Giordani nos dice que se “busca hacer más competitiva la economía venezolana, al promover las exportaciones”. Tarde piaste pajarito. Once años destruyendo el aparato productivo, con exportaciones no-petroleras que llegaron el año pasado escasamente a un poco más de 3 mil millones de dólares, y ahora nos vienen con el cuento de que la mera devaluación lo va a sacar del hoyo. Esta no basta para superar el desastre de las empresas estatales exportadoras arruinadas ni el de las privadas en la lona.
Dejaron sobrevaluar el bolívar hasta extremos demenciales, manifestación típica del rentismo, y se gastaron una bola de dólares para aplastar la tasa paralela sin lograrlo, y ahora Chacumbele nos sermonea con lo de superar la “economía rentista”. ¡Vaya pa’l carajo!
Tuesday, October 20, 2009
Monday, October 19, 2009
DEMOCRACIA Y MODERNIDAD
La democracia como expresión de la organización del poder político ha sido vista por la teoría política contemporánea, como una referencia de las sociedades modernas, sin embargo esta puede no ser una interpretación acertada, como bien lo señala Dahrendorf:
… cuando la democracia llega a regiones del mundo anteriormente gobernadas por regímenes autoritarios, el término se utiliza para englobar toda la gama de los valores modernos: libertad, ciertamente; igualdad, que Tocqueville fue el primero en llamar democracia, y, más recientemente, fraternidad. El término <> se convierte así en sinónimo de buena sociedad, y también esto es un desagradable error.
… La democracia es la voz del pueblo que crea instituciones, las cuales controlan el gobierno y hacen posible cambiarlo sin violencia. En este sentido el <>, el pueblo, es el soberano que da legitimidad a las instituciones de la democracia. (2002:10)
La Democracia es un modelo de conducción política que traduce una metodología de vida, un sistema social de organización del poder que se manifiesta en un modelo de conducta. Está construida sobre la base de unos principios fundamentales como lo son: el reconocimiento de libertades individuales y colectivas; el ejercicio popular de la soberanía; la elección para cargos públicos; la separación de poderes y la participación. La vida en Democracia requiere de una serie de predisposiciones en las que resulta clave la capacidad de la sociedad para intervenir en sus procesos, sustentándose en una cultura participativa que exige responsabilidad y compromiso.
En esas condiciones deben quedar suficientemente representados los derechos de los ciudadanos a exigir el cumplimiento por parte de las instituciones de sus responsabilidades para con los ciudadanos, de igual forma los ciudadanos tienen el deber de intervenir mediante canales formales en los asuntos que le interesan. La democracia no puede descansar exclusivamente en las instituciones, debe ser producto de un esfuerzo común por lograr condiciones de vida a las que todo ciudadano tiene derecho. La cultura política democrática se manifiesta en el intercambio permanente entre los centros de decisión y los dirigidos.
Por su parte, la idea de modernidad nos remite a un modelo de sociedad donde prevalece el espíritu de la racionalidad en contraste con el sometimiento a la doctrina de la fe, siendo la ciencia la experiencia más relevante de la vida del hombre, y por ende sus consecuencias.
La modernidad no es sólo cambio puro, sucesión de acontecimientos; es difusión de los productos de la actividad racional, científica, tecnológica, administrativa. Por eso, la modernidad implica la creciente diferenciación de los diversos sectores de la vida social: política, economía, vida familiar, religión, arte en particular, pues la racionalidad instrumental se ejerce dentro de un tipo de actividad y excluye la posibilidad de que alguno de esos tipos esté organizado desde el exterior, es decir, en función de su integración en una visión general, de su contribución a la realización de un proyecto social que Louis Dumont denomina holista. La modernidad excluye todo finalismo.
La idea de la modernidad reemplaza, en el centro de la sociedad, a Dios por la ciencia y, en el mejor de los casos, deja las creencias religiosas para el seno de la vida privada. No basta con que estén presentes las aplicaciones tecnológicas de la ciencia para poder hablar de sociedad moderna. Es necesario, además, que la actividad intelectual se encuentre protegida de las propagandas políticas o d las creencias religiosas; que la impersonalidad de las leyes proteja contra el nepotismo, el clientelismo y la corrupción; que las administraciones públicas y privadas no sean los instrumentos de un poder personal; que vida pública y vida privada estén separadas, como deben estarlo las fortunas privadas y el presupuesto del Estado o de las empresas. (Touraine, 2002: 17)
La modernidad es el reflejo de una espiritualidad, a la que algunas sociedades debieron “asimilarse” sin haber desarrollado suficientes bases para ello. La modernidad también se asocia a la idea de la Nación-Estado que supera la atomización político-territorial del feudalismo. Es la cualidad de un período histórico, en la que se puede identificar una racionalidad manifiesta en todas las expresiones culturales de la época.
LA MODERNIZACIÓN DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA
En la conformación del sistema político venezolano, se hace necesaria la reflexión sobre la transición política hacia la democracia. Si hacemos historia, el fracaso del primer ensayo democrático (1948), contribuyó a que la dirigencia política venezolana hiciera el esfuerzo común de consolidar un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción de ese nuevo modelo político que fijara las bases de la democracia. Los antecedentes políticos dejaron claro que la hegemonía política, representaba el principal obstáculo para la consolidación de un verdadero régimen de libertades.
Esta circunstancia generó la necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinando que este proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar, una amenaza permanente.
En este contexto, la voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo proyecto político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos la democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo los partidos políticos.
Este acuerdo, al margen de los aspectos orientados a consolidar el régimen democrático propiamente, es necesario verlo como el instrumento que habría de institucionalizar una de las más serias debilidades del sistema político venezolano: el partidismo.
Esto podemos explicarlo considerando el pasado histórico político de Venezuela, pues a diferencia de los años posteriores a Gómez, donde el antagonismo de las fuerzas políticas fue lo que privó dada la coyuntura del 58, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el escenario, repartiéndose el poder y creando un vínculo que fortalecería su poder político: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales... sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema.” (Portantierro, 1981:47).
El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón, 1989)
Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.
Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.
De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación estaba en manos de las estructuras partidistas. El Pacto de Puntofijo, significaba la fijación de las reglas del juego político, en lo que habría de ser un compromiso por preservar la estabilidad del naciente sistema. Pero además, quedó establecido que el modelo de representación descansaría fundamentalmente en la repartición de espacios y cuotas de poder a los que los sectores participantes tendrían acceso.
En este sentido, está claro que las bases sobre las cuales se construyó el sistema político venezolano fueron muy débiles, considerando que el equilibrio en un Estado depende en buena medida de la estabilidad democrática, la equidad social y el desarrollo económico que presente. (Kornblith, 1996)
Aún más, prosigue Kornblith (1996) argumentando que la crisis del modelo rentista, en el que el petróleo ha sido la principal actividad productiva y la única fuente de ingresos, generó serios cuestionamientos hacia un Estado hiperactivo (Estado de Bienestar) que como rasgos característicos, subsidiaba, intervenía, protegía y regulaba, mediante mecanismos utilitarios que estimularan la adhesión de la sociedad al sistema, con la promesa –no cumplida- de evolucionar hacia mecanismos valorativos.
Por lo que, las condiciones económicas del país, al convertirse nuestra renta petrolera en el factor dinamizador, facilitaron la configuración de un modelo de relaciones de Estado, que entre otras, consolidó el Sistema Populista de Conciliación, definido por Rey (1998:292) como el entramado de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos, que apoyándose en la abundancia de recursos económicos, un por entonces, bajo nivel (simplicidad) de las demandas y la capacidad de las organizaciones políticas (partidos y asociaciones civiles) para canalizar las demandas, permitieron una significativa etapa de estabilidad política.
A este respecto, Salamanca (1997) señala que el objetivo fundamental de los modernizadores -partidos políticos- fue:
… el de dotar a una sociedad carente de posibilidades de desarrollo, con un poder económico y adquisitivo con el cual no contaba previamente. En ese sentido, hay que destacar el papel de orquestadores de los partidos políticos y su rol de impulsores de la modernización la cual convierten en un programa político estatal. (1997: 158)
Considerando entonces que el proyecto político venezolano había tomado las banderas de la modernización de la sociedad, bajo la figura de un modelo democrático, representativo y pluralista, en su lugar, éste se tradujo en estatismo, centralismo, presidencialismo, partidismo y populismo, rasgos que han caracterizado al Estado venezolano en las últimas décadas.
A pesar de los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE: 1984-1999), por ofrecer la visión de un país moderno al que podíamos aspirar, el sistema político se resistió a cambios verdaderamente profundos, apenas permitió la elección directa de alcaldes y gobernadores, el inicio del proceso de descentralización y la elección uninominal, que para muchos fueron tan sólo mecanismos de defensa generados por la crisis de 1989 más que apertura a espacios de participación política.
En el año 1993 se manifiesta una importante señal de la crisis del sistema político venezolano (crisis de la modernización), al producirse la ruptura del bipartidismo y un aumento considerable de la abstención como manifestación política, situándose alrededor del 40% (Duhamel y Cepeda, 1997:307).
Es entonces que con la desaparición del bipartidismo, materializada en la reelección de Rafael Caldera en 1993, quien habiendo sido uno de los pilares fundamentales del modelo de Estado de Partidos, rompe con COPEI, para lanzarse a la candidatura presidencial con otra tolda política, CONVERGENCIA, una organización formada por la disidencia socialcristiana, contando con el respaldo de otros partidos de izquierda, como el Movimiento al Socialismo (MAS), obtiene la primera magistratura con el 30% de los votos, (Duhamel y Cepeda: 307), marcando el final de la partidocracia, como modelo político.
Sin embargo, aunado a ello, las razones de la crisis de la modernización política venezolana, podemos encontrarlas en la modificación de las condiciones básicas del orden democrático establecido, que interpretando el esquema de Rey, citado por Kornblith (1996:2) se reduce a la crisis del modelo rentista, la crisis del modelo de representación y de legitimidad y la crisis de los mecanismos de generación de consenso y canalización del conflicto, lo que condujo al deterioro de las expectativas de bienestar colectivo que había garantizado una abundante renta petrolera, que al no encontrar respaldo en las organizaciones políticas para la canalización y expresión de las demandas, generó serios desajustes al modelo democrático, que sigue siendo considerado como el sistema predominante, según señala Latinobarómetro (2005:48), al colocarse en 7, 6 en una escala del 1 al 10.
Entre otras razones, la forma errática como la clase política manejó su pérdida de legitimidad – para marzo de 1990 los partidos políticos tenían un rechazo de 56%, manteniéndose por encima de esta cifra a lo largo de 1991- (Njaim et al., 1998:17), fue lo que permitió abonar el terreno para la ruptura definitiva con el modelo político que había prevalecido hasta 1993.
Ello explica las medidas desesperadas de alianzas a última hora para las elecciones de 1998, que no hicieron sino mostrar la debilidad del liderazgo político para confrontar un discurso agresivo que recriminaba a los partidos políticos su responsabilidad en la crisis del país.
La democracia venezolana comienza a ser cuestionada, el modelo es puesto en duda y se le juzga como una experiencia fracasada. La crítica oscila entre la poca idoneidad de la democracia y la incapacidad de su desarrollo en nuestra cultura, sin embargo más allá de las razones idiosincráticas, esta requiere de una templanza institucional imprescindible. A este respecto Salamanca (1996) señala que:
… la relevancia de un entorno modernizado, es que a partir de cierto nivel de modernización la democracia accede a posibilidades de estabilización. Por ello la importancia de tener presente la distinción entre sociedades en vías de modernización y sociedades modernizadas. Las primeras son inestables y proclives a la violencia desestabilizadora; en las segundas, las instituciones adquieren estabilidad. (1996:244)
LA POSMODERNIDAD Y LA POSDEMOCRACIA
Llegado a este punto de la reflexión, incorporamos la definición de posmodernidad a la que Lyotard se refiere como:
… el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Aquí se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos.
En origen, la ciencia está en conflicto con los relatos. Medidos por sus propios criterios, la mayor parte de los relatos se revelan fábulas. Pero, en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar regularidades útiles y busca lo verdadero, debe legitimar sus reglas de juego. Es entonces cuando mantiene sobre su propio estatuto un discurso de legitimación, y se la llama filosofía. Cuando ese metadiscurso recurre explícitamente a tal o tal otro gran relato, como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del sentido, la emancipación del sujeto razonante o trabajador, se decide llamar «moderna» a la ciencia que se refiere a ellos para legitimarse.
… al legitimar el saber por medio de un metarrelato que implica una filosofía de la historia, se está cuestionando la validez de las instituciones que rigen el lazo social: también ellas exigen ser legitimadas. De ese modo, la justicia se encuentra referida al gran relato, al mismo título que la verdad.
Simplificando al máximo, se tiene por «postmoderna» la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del progreso de las ciencias; pero ese progreso, a su vez, la presupone. (Lyotard, 1991: 4)
La posmodernidad hace referencia al ambiente de cuestionamiento del orden prevaleciente –modernidad- que conduce al debilitamiento de su estructura dogmática, en la que se hace difícil el consenso de los metarrelatos (Collado, 2001:81). Cuando ya no es posible el sometimiento a una interpretación única del poder, toda la base de pensamiento es puesta en duda y se reproducen otras formas de aproximación al uso del poder. En las sociedades posmodernas el poder descansa, entre otros, en el dominio de un lenguaje con aspiraciones universales, las tecnologías de información y comunicación.
En otro sentido, Crouch considera que la posdemocracia es lo que inevitablemente ocurre cuando la democracia se ha agotado y ha dejado de corresponder a las expectativas colectivas.
El concepto de posdemocracia nos ayuda a describir aquellas situaciones en las que el aburrimiento, la frustración y la desilusión han logrado arraigar tras un momento democrático, y los poderosos intereses de una minoría cuentan mucho más que los del conjunto de las personas corrientes a la hora de hacer que el sistema político las tenga en cuenta; o aquellas otras situaciones en las que las élites políticas han aprendido a sortear y manipular las demandas populares y las personas deben ser persuadidas para votar mediante campañas publicitarias. (Crouch, 2004:35)
El agotamiento de la democracia, debe verse desde la perspectiva de un debilitamiento de su ejercicio, que no del modelo. Cuando la institucionalidad democrática hace a un lado sus intereses primarios, para favorecer aquellos de quienes detentan el poder, la sociedad naturalmente toma distancia. En un ambiente de desconfianza o de desmotivación, la clase política hace uso de todos los mecanismos para lograr la participación cívica, que en la posdemocracia vale decir, la manipulación massmediática.
El sistema político se torna en una Videocracia, tal y como lo plantea Sartori (1998) cuando a través de los mecanismos del cibermundo actúan los individuos que tienen el control de las decisiones, propiciando una alta dependencia de los sondeos de opinión, entre otros, para orientar las respuestas del sistema a las demandas.
Eso configura un escenario donde la democracia está provista de condicionantes diferentes de los que la modernidad le había proporcionado. El debate en el futuro estará en establecer si la posdemocracia sigue representando los principios democráticos.
BIBLIOGRAFÍA
Collado T., Aurelio (2001) Política posmoderna: una nueva lectura de la historia. (pp. 77-93) En: Mariñez N., Freddy Coord. Ciencia Política: Nuevos contextos, nuevos desafíos. México: Grupo Noriega Editores
Corporación Latinobarómetro (2005) Informe Latinobarómetro 2005. Santiago de Chile: Mimeo.
Crouch, Colin (2004) Posdemocracia. España: Taurus- Santillana Ediciones Generales S. L.
Dahrendorf, Ralph. (2002) Después de la democracia: Entrevistado por Antonio Polito. Barcelona: Editorial Crítica
Duhamel, Olivier y Manuel Cepeda (1997) Las democracias. Entre el Derecho Constitucional y la Política. Colombia: Editores Tercer Mundo S.A.
Kornblith, Miriam (1996) Crisis y transformación del sistema político: nuevas y viejas reglas de juego. (pp. 1-31) En: Álvarez, Ángel Coord. El Sistema Político Venezolano: crisis y transformaciones. Caracas: Ediciones del Instituto de Estudios Políticos-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
López, M.; Gómez, L. y Maingon, T. (1989) De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.
Lyotard, Jean F. (1991) La Condición Posmoderna. Informe sobre el saber. 2ª edición. Argentina: Ediciones Cátedra
Njaim, Humberto, Ricardo Combellas y Ángel Álvarez. (1998) Opinión Política y democracia en Venezuela. Caracas: Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
Portantierro, Juan (1981) Los usos de Gramsci. Mexico: Ediciones Folios
Rey, Juan C. (1998) El futuro de la democracia en Venezuela. Caracas: Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
Salamanca, Luís (1996) Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela: Una propuesta de análisis. (pp. 239-351) En: Álvarez, Ángel. Coord. El Sistema Político Venezolano: crisis y transformaciones. Caracas: Ediciones del Instituto de Estudios Políticos-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
_______________ (1997) Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela. Caracas: ILDIS - Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
Sartori, Giovanni (1998) Homo Videns. Ediciones Taurus: Madrid
Touraine, Alain (2002) Crítica de la Modernidad. México: Fondo de Cultura Económica
La democracia como expresión de la organización del poder político ha sido vista por la teoría política contemporánea, como una referencia de las sociedades modernas, sin embargo esta puede no ser una interpretación acertada, como bien lo señala Dahrendorf:
… cuando la democracia llega a regiones del mundo anteriormente gobernadas por regímenes autoritarios, el término se utiliza para englobar toda la gama de los valores modernos: libertad, ciertamente; igualdad, que Tocqueville fue el primero en llamar democracia, y, más recientemente, fraternidad. El término <
… La democracia es la voz del pueblo que crea instituciones, las cuales controlan el gobierno y hacen posible cambiarlo sin violencia. En este sentido el <
La Democracia es un modelo de conducción política que traduce una metodología de vida, un sistema social de organización del poder que se manifiesta en un modelo de conducta. Está construida sobre la base de unos principios fundamentales como lo son: el reconocimiento de libertades individuales y colectivas; el ejercicio popular de la soberanía; la elección para cargos públicos; la separación de poderes y la participación. La vida en Democracia requiere de una serie de predisposiciones en las que resulta clave la capacidad de la sociedad para intervenir en sus procesos, sustentándose en una cultura participativa que exige responsabilidad y compromiso.
En esas condiciones deben quedar suficientemente representados los derechos de los ciudadanos a exigir el cumplimiento por parte de las instituciones de sus responsabilidades para con los ciudadanos, de igual forma los ciudadanos tienen el deber de intervenir mediante canales formales en los asuntos que le interesan. La democracia no puede descansar exclusivamente en las instituciones, debe ser producto de un esfuerzo común por lograr condiciones de vida a las que todo ciudadano tiene derecho. La cultura política democrática se manifiesta en el intercambio permanente entre los centros de decisión y los dirigidos.
Por su parte, la idea de modernidad nos remite a un modelo de sociedad donde prevalece el espíritu de la racionalidad en contraste con el sometimiento a la doctrina de la fe, siendo la ciencia la experiencia más relevante de la vida del hombre, y por ende sus consecuencias.
La modernidad no es sólo cambio puro, sucesión de acontecimientos; es difusión de los productos de la actividad racional, científica, tecnológica, administrativa. Por eso, la modernidad implica la creciente diferenciación de los diversos sectores de la vida social: política, economía, vida familiar, religión, arte en particular, pues la racionalidad instrumental se ejerce dentro de un tipo de actividad y excluye la posibilidad de que alguno de esos tipos esté organizado desde el exterior, es decir, en función de su integración en una visión general, de su contribución a la realización de un proyecto social que Louis Dumont denomina holista. La modernidad excluye todo finalismo.
La idea de la modernidad reemplaza, en el centro de la sociedad, a Dios por la ciencia y, en el mejor de los casos, deja las creencias religiosas para el seno de la vida privada. No basta con que estén presentes las aplicaciones tecnológicas de la ciencia para poder hablar de sociedad moderna. Es necesario, además, que la actividad intelectual se encuentre protegida de las propagandas políticas o d las creencias religiosas; que la impersonalidad de las leyes proteja contra el nepotismo, el clientelismo y la corrupción; que las administraciones públicas y privadas no sean los instrumentos de un poder personal; que vida pública y vida privada estén separadas, como deben estarlo las fortunas privadas y el presupuesto del Estado o de las empresas. (Touraine, 2002: 17)
La modernidad es el reflejo de una espiritualidad, a la que algunas sociedades debieron “asimilarse” sin haber desarrollado suficientes bases para ello. La modernidad también se asocia a la idea de la Nación-Estado que supera la atomización político-territorial del feudalismo. Es la cualidad de un período histórico, en la que se puede identificar una racionalidad manifiesta en todas las expresiones culturales de la época.
LA MODERNIZACIÓN DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA
En la conformación del sistema político venezolano, se hace necesaria la reflexión sobre la transición política hacia la democracia. Si hacemos historia, el fracaso del primer ensayo democrático (1948), contribuyó a que la dirigencia política venezolana hiciera el esfuerzo común de consolidar un gobierno democrático, produciéndose un hecho fundamental para la construcción de ese nuevo modelo político que fijara las bases de la democracia. Los antecedentes políticos dejaron claro que la hegemonía política, representaba el principal obstáculo para la consolidación de un verdadero régimen de libertades.
Esta circunstancia generó la necesidad de un sistema político que garantizara la libertad como elemento constitutivo, determinando que este proyecto político tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera que se imposibilitara cualquier intento de personalismo militar, una amenaza permanente.
En este contexto, la voluntad de las organizaciones políticas de mantener un frente unido para la formación de un nuevo proyecto político se hace efectiva a través de la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958. En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos la democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas del sistema de poder, configurando la prerrogativa que habrían de tener en el mismo los partidos políticos.
Este acuerdo, al margen de los aspectos orientados a consolidar el régimen democrático propiamente, es necesario verlo como el instrumento que habría de institucionalizar una de las más serias debilidades del sistema político venezolano: el partidismo.
Esto podemos explicarlo considerando el pasado histórico político de Venezuela, pues a diferencia de los años posteriores a Gómez, donde el antagonismo de las fuerzas políticas fue lo que privó dada la coyuntura del 58, los partidos toman conciencia de la necesidad de compartir el escenario, repartiéndose el poder y creando un vínculo que fortalecería su poder político: un pacto, pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero no ya entre voluntades individuales... sino entre aquellos grupos que han movilizado recursos suficientes como para ingresar en el sistema.” (Portantierro, 1981:47).
El Pacto de Puntofijo es el acuerdo político que suscriben los principales actores sociales del momento, quienes posteriormente asumirían su condición predominante dentro del sistema. Los partidos Acción Democrática, COPEI y URD; FEDECAMARAS; Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica suscribieron el compromiso de apoyar y vigilar el desarrollo de un proyecto nacional que contemplaba el establecimiento de un sistema democrático que garantizaba el ejercicio pleno de libertades políticas y la alternabilidad en el poder. El acuerdo se fundamentó en tres aspectos: la Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y la suscripción de un Programa Mínimo Común: (López, Gómez y Maingón, 1989)
Las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) como actores fundamentales de las últimas décadas, desempeñaron un rol trascendental en el pacto suscrito. Inicialmente las FAN se habían propuesto sustituir el gobierno personalista de Pérez Jiménez por uno verdaderamente de carácter militar-institucional. Debido a ello fue necesario que los otros sectores participantes negociaran con los militares, logrando convencerlos de la pertinencia de consolidar el régimen democrático, comprometiéndolos a actuar en defensa del mismo, generando la institucionalización democrática de las FAN, como organización apolítica y no deliberante.
Las Fuerzas Armadas con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirieron legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce la institución dentro del sistema.
De esa manera quedó definido el papel predominante que habrían de desempeñar los partidos políticos en el funcionamiento del sistema político: la representación de los intereses de la nación estaba en manos de las estructuras partidistas. El Pacto de Puntofijo, significaba la fijación de las reglas del juego político, en lo que habría de ser un compromiso por preservar la estabilidad del naciente sistema. Pero además, quedó establecido que el modelo de representación descansaría fundamentalmente en la repartición de espacios y cuotas de poder a los que los sectores participantes tendrían acceso.
En este sentido, está claro que las bases sobre las cuales se construyó el sistema político venezolano fueron muy débiles, considerando que el equilibrio en un Estado depende en buena medida de la estabilidad democrática, la equidad social y el desarrollo económico que presente. (Kornblith, 1996)
Aún más, prosigue Kornblith (1996) argumentando que la crisis del modelo rentista, en el que el petróleo ha sido la principal actividad productiva y la única fuente de ingresos, generó serios cuestionamientos hacia un Estado hiperactivo (Estado de Bienestar) que como rasgos característicos, subsidiaba, intervenía, protegía y regulaba, mediante mecanismos utilitarios que estimularan la adhesión de la sociedad al sistema, con la promesa –no cumplida- de evolucionar hacia mecanismos valorativos.
Por lo que, las condiciones económicas del país, al convertirse nuestra renta petrolera en el factor dinamizador, facilitaron la configuración de un modelo de relaciones de Estado, que entre otras, consolidó el Sistema Populista de Conciliación, definido por Rey (1998:292) como el entramado de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos, que apoyándose en la abundancia de recursos económicos, un por entonces, bajo nivel (simplicidad) de las demandas y la capacidad de las organizaciones políticas (partidos y asociaciones civiles) para canalizar las demandas, permitieron una significativa etapa de estabilidad política.
A este respecto, Salamanca (1997) señala que el objetivo fundamental de los modernizadores -partidos políticos- fue:
… el de dotar a una sociedad carente de posibilidades de desarrollo, con un poder económico y adquisitivo con el cual no contaba previamente. En ese sentido, hay que destacar el papel de orquestadores de los partidos políticos y su rol de impulsores de la modernización la cual convierten en un programa político estatal. (1997: 158)
Considerando entonces que el proyecto político venezolano había tomado las banderas de la modernización de la sociedad, bajo la figura de un modelo democrático, representativo y pluralista, en su lugar, éste se tradujo en estatismo, centralismo, presidencialismo, partidismo y populismo, rasgos que han caracterizado al Estado venezolano en las últimas décadas.
A pesar de los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE: 1984-1999), por ofrecer la visión de un país moderno al que podíamos aspirar, el sistema político se resistió a cambios verdaderamente profundos, apenas permitió la elección directa de alcaldes y gobernadores, el inicio del proceso de descentralización y la elección uninominal, que para muchos fueron tan sólo mecanismos de defensa generados por la crisis de 1989 más que apertura a espacios de participación política.
En el año 1993 se manifiesta una importante señal de la crisis del sistema político venezolano (crisis de la modernización), al producirse la ruptura del bipartidismo y un aumento considerable de la abstención como manifestación política, situándose alrededor del 40% (Duhamel y Cepeda, 1997:307).
Es entonces que con la desaparición del bipartidismo, materializada en la reelección de Rafael Caldera en 1993, quien habiendo sido uno de los pilares fundamentales del modelo de Estado de Partidos, rompe con COPEI, para lanzarse a la candidatura presidencial con otra tolda política, CONVERGENCIA, una organización formada por la disidencia socialcristiana, contando con el respaldo de otros partidos de izquierda, como el Movimiento al Socialismo (MAS), obtiene la primera magistratura con el 30% de los votos, (Duhamel y Cepeda: 307), marcando el final de la partidocracia, como modelo político.
Sin embargo, aunado a ello, las razones de la crisis de la modernización política venezolana, podemos encontrarlas en la modificación de las condiciones básicas del orden democrático establecido, que interpretando el esquema de Rey, citado por Kornblith (1996:2) se reduce a la crisis del modelo rentista, la crisis del modelo de representación y de legitimidad y la crisis de los mecanismos de generación de consenso y canalización del conflicto, lo que condujo al deterioro de las expectativas de bienestar colectivo que había garantizado una abundante renta petrolera, que al no encontrar respaldo en las organizaciones políticas para la canalización y expresión de las demandas, generó serios desajustes al modelo democrático, que sigue siendo considerado como el sistema predominante, según señala Latinobarómetro (2005:48), al colocarse en 7, 6 en una escala del 1 al 10.
Entre otras razones, la forma errática como la clase política manejó su pérdida de legitimidad – para marzo de 1990 los partidos políticos tenían un rechazo de 56%, manteniéndose por encima de esta cifra a lo largo de 1991- (Njaim et al., 1998:17), fue lo que permitió abonar el terreno para la ruptura definitiva con el modelo político que había prevalecido hasta 1993.
Ello explica las medidas desesperadas de alianzas a última hora para las elecciones de 1998, que no hicieron sino mostrar la debilidad del liderazgo político para confrontar un discurso agresivo que recriminaba a los partidos políticos su responsabilidad en la crisis del país.
La democracia venezolana comienza a ser cuestionada, el modelo es puesto en duda y se le juzga como una experiencia fracasada. La crítica oscila entre la poca idoneidad de la democracia y la incapacidad de su desarrollo en nuestra cultura, sin embargo más allá de las razones idiosincráticas, esta requiere de una templanza institucional imprescindible. A este respecto Salamanca (1996) señala que:
… la relevancia de un entorno modernizado, es que a partir de cierto nivel de modernización la democracia accede a posibilidades de estabilización. Por ello la importancia de tener presente la distinción entre sociedades en vías de modernización y sociedades modernizadas. Las primeras son inestables y proclives a la violencia desestabilizadora; en las segundas, las instituciones adquieren estabilidad. (1996:244)
LA POSMODERNIDAD Y LA POSDEMOCRACIA
Llegado a este punto de la reflexión, incorporamos la definición de posmodernidad a la que Lyotard se refiere como:
… el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Aquí se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos.
En origen, la ciencia está en conflicto con los relatos. Medidos por sus propios criterios, la mayor parte de los relatos se revelan fábulas. Pero, en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar regularidades útiles y busca lo verdadero, debe legitimar sus reglas de juego. Es entonces cuando mantiene sobre su propio estatuto un discurso de legitimación, y se la llama filosofía. Cuando ese metadiscurso recurre explícitamente a tal o tal otro gran relato, como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del sentido, la emancipación del sujeto razonante o trabajador, se decide llamar «moderna» a la ciencia que se refiere a ellos para legitimarse.
… al legitimar el saber por medio de un metarrelato que implica una filosofía de la historia, se está cuestionando la validez de las instituciones que rigen el lazo social: también ellas exigen ser legitimadas. De ese modo, la justicia se encuentra referida al gran relato, al mismo título que la verdad.
Simplificando al máximo, se tiene por «postmoderna» la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del progreso de las ciencias; pero ese progreso, a su vez, la presupone. (Lyotard, 1991: 4)
La posmodernidad hace referencia al ambiente de cuestionamiento del orden prevaleciente –modernidad- que conduce al debilitamiento de su estructura dogmática, en la que se hace difícil el consenso de los metarrelatos (Collado, 2001:81). Cuando ya no es posible el sometimiento a una interpretación única del poder, toda la base de pensamiento es puesta en duda y se reproducen otras formas de aproximación al uso del poder. En las sociedades posmodernas el poder descansa, entre otros, en el dominio de un lenguaje con aspiraciones universales, las tecnologías de información y comunicación.
En otro sentido, Crouch considera que la posdemocracia es lo que inevitablemente ocurre cuando la democracia se ha agotado y ha dejado de corresponder a las expectativas colectivas.
El concepto de posdemocracia nos ayuda a describir aquellas situaciones en las que el aburrimiento, la frustración y la desilusión han logrado arraigar tras un momento democrático, y los poderosos intereses de una minoría cuentan mucho más que los del conjunto de las personas corrientes a la hora de hacer que el sistema político las tenga en cuenta; o aquellas otras situaciones en las que las élites políticas han aprendido a sortear y manipular las demandas populares y las personas deben ser persuadidas para votar mediante campañas publicitarias. (Crouch, 2004:35)
El agotamiento de la democracia, debe verse desde la perspectiva de un debilitamiento de su ejercicio, que no del modelo. Cuando la institucionalidad democrática hace a un lado sus intereses primarios, para favorecer aquellos de quienes detentan el poder, la sociedad naturalmente toma distancia. En un ambiente de desconfianza o de desmotivación, la clase política hace uso de todos los mecanismos para lograr la participación cívica, que en la posdemocracia vale decir, la manipulación massmediática.
El sistema político se torna en una Videocracia, tal y como lo plantea Sartori (1998) cuando a través de los mecanismos del cibermundo actúan los individuos que tienen el control de las decisiones, propiciando una alta dependencia de los sondeos de opinión, entre otros, para orientar las respuestas del sistema a las demandas.
Eso configura un escenario donde la democracia está provista de condicionantes diferentes de los que la modernidad le había proporcionado. El debate en el futuro estará en establecer si la posdemocracia sigue representando los principios democráticos.
BIBLIOGRAFÍA
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Duhamel, Olivier y Manuel Cepeda (1997) Las democracias. Entre el Derecho Constitucional y la Política. Colombia: Editores Tercer Mundo S.A.
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López, M.; Gómez, L. y Maingon, T. (1989) De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.
Lyotard, Jean F. (1991) La Condición Posmoderna. Informe sobre el saber. 2ª edición. Argentina: Ediciones Cátedra
Njaim, Humberto, Ricardo Combellas y Ángel Álvarez. (1998) Opinión Política y democracia en Venezuela. Caracas: Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
Portantierro, Juan (1981) Los usos de Gramsci. Mexico: Ediciones Folios
Rey, Juan C. (1998) El futuro de la democracia en Venezuela. Caracas: Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
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